Con movilizaciones en Rosario y Santa Fe, los gremios dejarán en claro al gobernador Omar Perotti su descontento ante el nuevo cronograma de pagos anunciado horas antes de Año Nuevo por los funcionarios de la Casa Gris.

La administración provincial decidió iniciar el pago de haberes de diciembre para activos y jubilados a partir del 3 de enero, en una propuesta "por goteo" y "extendida" que fue repudiada inmediatamente por los sindicatos de médicos, docentes públicos y privados, y auxiliares nucleados en Amsafé, Siprus y ATE.

Para hoy se prevén protestas en la capital provincial y en Rosario. Alas 10, los maestros locales y los afiliados a ATE harán su reclamo de revisión en la plaza San Martín. Será una especie de debut complicado para Perotti.

La propuesta de la nueva gestión santafesina es iniciar el pago de salarios mañana y extenderlo hasta el 15 de este mes, estipulando la prioridad de cobro para quienes perciben salarios más bajos.

Los argumentos de la medida fueron explicados primero por el vocero de prensa provincial, Leonardo Ricciardino, quien insistió en que "es una situación realmente de emergencia la que se está viviendo en Santa Fe", y señaló que "el gobierno no cuenta con todos los instrumentos que se pensaban para un normal desarrollo de la situación".

Según detalló el funcionario, "hasta ahora se podía cumplir con la masa salarial, pero recurriendo a financiamiento con tasas de 59 por ciento que tomaba la anterior administración (del socialista Miguel Lifschitz), y a ésto el gobierno ha decidido darle fin".

Las cuentas pendientes

Otros detalles corrieron por cuenta del ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, quien afirmó que "los cronogramas necesariamente deben estirarse" y explicó: "Es muy simple: cuando empieza el mes, no se tiene la disponibilidad para cubrir toda la grilla salarial. Los saldos de caja no están acreditados, uno empieza a pagar con lo que se tiene, no con un acumulado del mes anterior; y ese acumulado no existe como consecuencia de la situación deficitaria".

Tanto Michlig como Ricciardino se refirieron al escenario deficitario que está atravesando la provincia.

"El déficit está en 8 mil millones y va a cerrar entre los 15 y veinte mil millones porque hay un sinnúmero de gastos no pagados a proveedores, contratistas, municipios y comunas. La emergencia hubiera permitido renegociar con los proveedores y lograr mayor fluidez de recursos. Con los proveedores del sector informático, por ejemplo, hay una deuda de diez millones de dólares", detalló Michlig.

El funcionario apuntó al rechazo que este lunes decidió la Legislatura provincial al pedido de declaración de emergencia que había enviado el gobernador.

"La emergencia era una herramienta para discutir plazos, quitas, sacrificio compartido y demás. De lo contrario, el marco de discusión es distinto", agrego el funcionario santafesino.

Repudio y movilizaciones

El rechazo a la medida por parte de los gremios fue inmediato y, a excepción de UPCN, el resto de los sindicatos que nuclean a los estatales manifestaron su desacuerdo, así como también los docentes privados nucleados en Sadop. Tal es así que rápidamente se anunciaron movilizaciones tanto en la capital provincial como en Rosario, frente la sede local de Gobernación.

En la plaza San Martín, el acto está convocado para las 10. Confluirán los trabajadores nucleados en ATE y los maestros agrupados en Amsafé Rosario.

A la misma hora, será la cita frente a la Casa Gris, donde lo harán también docentes y estatales, además de profesionales de la salud.

"Hemos rechazado el cronograma de pagos porque no cumple con la ley y se está afectando a los que menos tienen. Además agudiza nuestra situación, ya veníamos cobrando con retraso", sostuvo Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y titular de Amsafé provincial.

La exigencia de los gremios no será sólo la "revisión" del anuncio, sino además Alesso aclaró que también pedirán "que continúe la cláusula gatillo, que no es perfecta, pero es una herramienta para no perder poder adquisitivo".

Desde Sadop, Martín Lucero no sólo consideró que la medida del la nueva gestión "es deliberada", sino que además la calificó de "ilegal".

Los dirigentes de ATE y Siprus también se pronunciaron a través de un comunicado donde rechazaron el cronograma y señalaron que los únicos antecedentes de medidas como éstas "se registraron a mediados de los años 90 en la época de ajuste neoliberal en la provincia, con la aplicación de la ley de emergencia".

Como en otras ocasiones, los estatales volverán a hacerse oír. A días de iniciado, el gobierno provincial arranca con protesta.