El Fiscal Regional Dr. Diego Vigo, brindó  una extensa entrevista exclusiva con RAFAELA NOTICIAS que se irá dando a conocer en diferentes notas periodísticas. Uno de los temas por los cuales se lo consultó al entrevistado tuvo que ver con los dichos de la semana pasada del Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Dr. Jorge Lagna, que apuntó contra la Fiscalía Regional V, asegurando que los fiscales no quieren participar de la "mesa chica" donde se discuten los temas de seguridad, lo que se domina también como Comando Unificado. Cuestionando además algunos encuadramientos penales que se le dan a los hechos cometidos por los delincuentes. Concretamente el funcionario había hablado que el tiroteo del barrio Monseñor Zaspe ocurrido a plena luz del día semanas atrás, era más que un "Abuso de arma", tal como había sido la carátula otorgada por el fiscal actuante. “No nos invitaron a esas reuniones, por eso no estamos. Nadie nos convocó a esas reuniones de la mesa de seguridad”, así de tajante fue la respuesta de Vigo sobre la no participación de la Fiscalía en esa “mesa chica” que se reúne semanalmente para abordar temas de seguridad y en la que participan las fuerzas de seguridad del gobierno provincial y del municipio. Vigo insistió, por su parte, con poner en marcha un mecanismo más amplio de participación que ya se había realizado entre el 2017 y 2019 como son “los dispositivos multiagenciales que comenzaron en Rosario y en Santa Fe y que se pusieron en práctica en Rafaela”. En esos dispositivos, según explicó Vigo, la Fiscalía “comparte estadísticas e información con la información que tiene Desarrollo Social de la Provincia, el Ministerio de Seguridad y las propias municipalidades en su ámbito para potenciar la respuesta. No sólo se trabaja en la persecución penal, que es incumbencia exclusiva del MPA (Ministerio Público de la Acusación), sino también en la prevención de los hechos delictivos”. Luego de esos encuentros multiagenciales que se realizaban, “cada agencia del Estado se llevaba objetivos a alcanzar para aportar en las sucesivas reuniones”. “Hemos tenido muchos problemas, pero fueron sobrellevándose. Se culminó ese dispositivo multiagencial y esta Fiscalía Regional le solicitó a la municipalidad de Rafaela reactivarlo", si bien es una decisión que trasciende al propio Estado local, ya que en dicho espacio debe también estar presente el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. 
Siguiendo con los dichos de Lagna, que había cuestionado los encuadramientos penales que hacen los fiscales, Vigo señaló: “No conozco ninguna denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público hacia los fiscales por cómo se califican los hechos, éste no es el problema”. Y aclaró que “la calificación provisoria está en mano de los fiscales porque así lo dispuso el legislador (cuando sancionó la ley correspondiente)”. “Nadie conoce más el caso que el fiscal, nadie quiere tener mejores resultados que el fiscal. Opinar desde afuera sin conocer el caso y sin conocer las evidencias es más fácil, pero eso es una incumbencia de la justicia, de uno de los poderes del Estado. Un funcionario que desde el poder ejecutivo se larga a evaluar sin conocer el caso, es poco menos que prudente”, sentenció Vigo. Quien se refirió puntualmente al tiroteo del barrio Monseñor Zaspe a plena luz del día y cuyo video se hizo viral.  “En esta balacera se individualizaron a los autores y se obtuvieron las prisiones preventivas de tres personas en cuestión de días con la calificación legal provisoria que realizó el fiscal. No creo que haya un problema de eficacia del Ministerio Público de la Acusación. Hay que ser prudente con este tipo de manifestación (la que hizo el funcionario provincial) y cualquier manifestación que se realiza desde otro poder del Estado. Los fiscales son sumamente responsables y tienen un deber de actuación con objetividad en base a las evidencias con las que se encuentran”, señaló Vigo. Y explicó que se caratuló el hecho del Monseñor Zaspe como “Abuso de arma”, y no por ejemplo como “Tentativa de homicidio” (que tiene pena más graves), porque “hubo serios problemas para obtener declaraciones de testigos porque nadie quería declarar” y la sola evidencia de que una persona esté disparando un arma sin saber concretamente hacia dónde lo hace  no puede ser caratulado como "Tentativa de homicidio". “No es una ocurrencia de un fiscal – la carátula- sino una decisión del legislador en el Código Penal. Estamos discutiendo sobre un caso en el que en pocos días se logró la prisión preventiva de los involucrados, ¿cuál es el problema?” se preguntó Vigo. Y reiteró su pedido: “Cuando hay serios problemas de inseguridad el Ministerio Público de la Acusación es convocado usualmente aunque sea mediáticamente. El problema es más complejo de lo que creemos, por eso la Fiscalía Regional convoca no sólo a la Municipalidad de Rafaela sino a otras localidades a abordar los territorios violentos con utilización de arma de fuego, reactivando estos dispositivos  de intervención multiagencial”, porque “sino se ataca de raíz el origen de la violencia, el reemplazo (de los que caen presos) es inmediato en el territorio. Entonces los fiscales van a seguir obteniendo prisiones preventivas y va a seguir habiendo condenas”, pero la violencia va a continuar produciéndose, además de una crisis carcelaria por la sobrepoblación de detenidos. Vigo, finalmente, también se refirió a lo que dijo Lagna respecto a este último tema: “Advierto que se visibiliza en sus propias palabras una tremenda crisis carcelaria, por lo que hay que admitir que el sistema acusatorio ha colapsado de presos las cárceles y esto significa ni más ni menos que no hay un problema de actitud por parte del Ministerio Público de la Acusación. Si hay un problema de crisis carcelaria es porque no sabemos ya qué hacer con la cantidad de presos que generamos, y esto reinstala el problema de la falta de cárceles que hay en la Región v. De hecho tenemos la cárcel que se llama Alcaidía, que está en el centro de la ciudad, donde hay una capacidad para 45 personas y tenemos 83 internos alojados, de los cuales 73 son originados por el Ministerio Público de la Acusación. Así que problemas de trabajo y de obtener prisiones preventivas la Fiscalía no tiene”.