Este jueves en el Concejo Municipal no sólo se debatirán tres proyectos sobre el límite agronómico, sino que estará en juego el futuro productivo de la tercera ciudad de Santa Fe, con la influencia que esto pueda tener en la provincia.
Rafaela se enfrenta desde hace más de un año a un planteo irracional que la puede dejar sin la capacidad de producir alimentos, que puede excluir al INTA en su Estación Experimental de las tareas habituales y que envuelve a la ciudad en una campaña que no es inocente y que tiene detrás otros intereses que están muy lejos de la salud, aunque así se la trate de imponer.
Por una concesión, el Concejo aceptó el reingreso de uno de los tres proyectos sobre el tema que perdió días atrás el estado parlamentario y con otras dos intenciones para definir una ordenanza, se dará mañana un debate apurado, tenso y poco adecuado si se tienen en cuenta las consecuencias socio-económicas que puede tener esto para la ciudad.
Sin una manifestación pública del intendente Luis Castellano, en contra del proyecto del propio oficialismo, se encendió mucho más la promesa de una discusión a temperamento desbordado, intentanto imponer frases hechas, sin sustento científico comprobable, que demuestra desde la bancada la falta de aceptación de nuevos conceptos, de adelantos tecnológicos en el sector agroindustrial, de evidencia médica a nivel internacional, e incluso redundando por años en preconceptos ya superados.
Si bien hubo encuentros informales entre algunos concejales y las casi 40 familias que están directamente afectadas por las decisiones sobre el periurbano, en el caso del proyecto oficialista jamás se dio reunión alguna para poder entender el impacto directo de la idea de prohibir hasta la nutrición del suelo en un kilómetro a la redonda de la ciudad y seguir mil metros más con restricciones, con lo cual se anularía la producción agropecuaria en la ciudad que es el corazón de la cuenca lechera.
Se negó incluso la posibilidad de escuchar en el recinto los detalles que pueden brindar referentes locales o regionales del INTA, entre tantos otros, pero también se desecharon los criterios de eminencias científicas que se acercaron al cuerpo, sólo considerando por parte de quienes quieren avanzar en prohibiciones a las voces que dicen los discursos que mejor se acomodan a su versión del tema y que incluso se atreven a relativizar la importancia de organismos como el Senasa, de manera liviana y sólo por conveniencia.
Es de suponer que la representación legislativa debe contar con atención, seriedad y responsabilidad a la hora de disponer normas que acomoden la convivencia en la ciudad. Lejos de ello están los arrebatos, la falta de consulta con los sectores afectados, e incluso el planteo de cambios en la actividad laboral, productiva y económica como algo sencillo, en un contexto histórico, político, social tan inestable como los humores de quienes lo disponen.
Tomar como base para una ordenanza alguna definición del Poder Judicial, que carezca de rigor científico y que se exponga a partir de sensaciones o estimaciones, habla también del desconocimiento del ordenamiento del Estado local, de la independencia de la representación de los poderes e incluso se incurre en la defensa de argumentos endebles frente a la supuesta causa que se intentan argumentar.
La utilización del aparato mediático oficialista en referencia a los planteos sobre fitosanitarios, con conceptos engañosos, evidencia segmentada y palabras inadecuadas para explicar la situación, no hace más que abundar en la exposición de quienes buscan desde la semana entrante o en dos años establecerse en otros espacios de poder, tomando a la temática de la salud como carta de pase a futuras instituciones locales.
Es muy llamativo que la comunidad médica de Rafaela no haya salido a respaldar el proyecto que supuestamente atiende “más” a la salud, quizá sea porque los profesionales locales no están de acuerdo con la postura extrema de quien lo propone.
Justo coincide esta semana con el lanzamiento de una campaña en redes sociales a nivel nacional, de la cual no se conoce el origen ni el financiamiento, donde las figuras que participan en todos los mensajes oficialistas hablan de agrotóxicos y aportan a la confusión de las personas en general, que no tienen la obligación de conocer sobre estos temas y son pasibles de ser víctimas del falseo de la realidad.
Rafaela no pudo demostrar, incluso desde el Hospital Jaime Ferré, tener las complicaciones que se desean exponer sobre intoxicaciones o malformaciones. Lo que sí está demostrado es la contaminación del agua con metaloides, tema sobre el cual se prefiere no debatir.
Los productos fitosanitarios avanzan en cada campaña agrícola aplicando cada vez más ciencia en su desarrollo y utilización. Como todo, los medicamentos, los productos químicos que se utilizan en las diferentes industrias, hasta los insumos de belleza capilar, tienen indicaciones de uso, pero muchos menos controles y resguardos, los cuales en el campo rafaelino se cumplen y deberían multiplicarse para aportar más seguridad a quienes los utilizan y al entorno social.
La ciudad tiene hoy muchísimos aspectos que involucran a la salud y al bienestar de la población, de forma comprobable, sin el cumplimiento de las normas mínimas, ni los controles a la altura de las necesidades, sin embargo se fuerza esta imposición como urgente y de una gravedad exacerbada que no se corresponde con la realidad.
El último proyecto
Además de los proyectos presentados por Brenda Vimo del PJ y de Lisandro Mársico del PDP, con la iniciativa de Leonardo Viotti, el candidato más votado en la reciente elección para revalidar su banca, que tiene el apoyo de casi la totalidad del bloque Cambiemos, llegó sobre la hora otra alternativa que incorpora el concepto de los productos biológicos y que tiene un airde de la propuesta regional que había presentado el año pasado la Agencia de Extensión Rural Castellanos del INTA, para todas las localidades del departamento, que le aportó conceptos técnicos fundamentales.
La novedad es que fija una área de seguridad de 50 metros desde el final de la planta urbana, achicándose desde los 200 actuales, para la prohibición absoluta de productos fitosanitarios.
Añade entonces un “cinturón agroecológico” de 150 metros, “hasta enero de 2025 y a partir de esta fecha el Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el ancho por Decreto hasta otros 250 metros, ad referéndum de un dictamen conjunto del Consejo Ambiental y el Instituto de Desarrollo Sustentable que evalúe la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios biológicos, en el mercado nacional, que permitan sostener la producción y las actividades desarrolladas en dicha superficie”. En esos 150 metros sólo se podrán controlar plagas con fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del Municipio.
“En caso de aplicaciones en áreas adyacentes a los establecimientos educativos, de salud, recreativos, habitacionales... deberán realizarse entre las 18 horas de los días viernes hasta las 18 horas de los días domingo”.
Con un ancho de 800 metros habrá un área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas, que a partir de enero de 2025 se ampliaría hasta el límite jurisdiccional, espacio donde se podrán aplicar biológicos, productos banda verde y excepcionalmente banda azul, con implementación del Manejo Integrado de Plagas (MIP) y respetando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Todas las aplicaciones hasta el área de Responsabilidad Social Rural, deberán comunicarse hasta 24 horas antes al Municipio para su fiscalización y control, incluyendo receta sanitaria, detalle del equipo pulverizador, ingeniero agrónomo responsable, con el pago de 20 Unidades de Cuenta Municipal.
Se prohíben los productos 2.4 D esterisobutilico, las aplicaciones aéreas y los fitosanitarios de banda Roja y Amarilla.
Propone la definición y concresión de cortinas forestales, en doble fila, intercaladas, en las propiedades linderas al límite con la ciudad y con el costo a cargo de los productores. En el inicio del área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas se recomienda una segunda cortina forestal sobre el “cinturón agroecológico”, con un plazo de 12 meses para el inicio de la plantación desde la sanción de la ordenanza.
El Municipio contratara Ingenieros Agrónomos matriculados y habilitados para desempeñarse como fiscalizadores de las aplicaciones y el cumplimiento de las BPA, con el poder de detener las aplicaciones en caso de irregularidades. El Municipio también podrá realizar fiscalizaciones aleatorias y sin previo aviso a las aplicaciones que se desarrollen en el Área de Responsabilidad Social Rural. El Municipio deberá instalar elementos físicos y desarrollar métodos digitales que faciliten el control por parte de la población, además de disponer de un número de teléfono y de una plataforma digital para denuncias y reclamos de vecinos, productores e instituciones, ante el posible incumplimiento de la presente ordenanza.
Los envases de fitosanitarios serán lavados en el lugar de la aplicación y acopiados en la propiedad de los productores.
El Juez de Faltas municipal sancionará los incumplimientos, pudiendo caber también sanciones civiles o penales. Las multas podrán graduarse entre 100 a 2.000 Unidades de Multa, podría haber clausuras preventivas en los estableciminetos, por tiempo determinado e incluso clausuras definitivas. Cuando el Municipio verifique un daño medioambiental por causa de una aplicación fitosanitaria, podrá requerir la intervención al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.
Deberá el Municipio promover producciones alternativas, llevar adelante un Programa de Promoción y Apoyo a Emprendimientos Agroecológicos, e incluso crear una cuenta de Control Ambiental , en base a los montos percibidos en cumplimiento de la ordenanza.