La intempestiva decisión del gobierno nacional de cortar las transferencias del Tesoro nacional destinadas a subsidiar a empresas de transporte público de pasajeros del interior provincial impactará fuertemente en los grandes centros urbanos de la provincia. En el caso de Rafaela, el golpe es menor, pero igualmente significativo: por tratarse de un servicio público estatizado, los recursos llegaban directamente al Estado local, que ahora dejará de percibirlos.
De acuerdo a los datos que proporcionó a este medio el subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Juan Pablo Aversa, Rafaela recibía, hasta diciembre, 15.811.829,39 pesos mensuales correspondientes al Fondo Compensador Nacional, que es el que el presidente Javier Milei resolvió recortar para todas las provincias. Además, recibe dos aportes de la Provincia, uno por un Fondo de Asistencia y otro por un Fondo Compensador, que suman 13.315.554,94 pesos y 3.846.739,94 pesos respectivamente.
Además, en noviembre -último mes en que se recibió la partida- el municipio percibió 1.360.570,69 pesos en concepto de atributos sociales a beneficiarios de la tarjeta SUBE. Este tipo de aportes es el que el Estado nacional se comprometió a mantener.
Finalmente, por la liquidación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre el Estado local percibió 1.865.435 pesos en retribución por el Boleto Educativo Gratuito, del que son beneficiarios estudiantes y docentes.
Si se anualiza el dinero percibido del Fondo Compensador Nacional, a valores del 2023 se está hablando de un monto de entre 180 y 200 millones de pesos, que naturalmente quedan totalmente desfasados dado los incrementos dados en combustibles, con lo cual una actualización necesaria implicaría hablar de un mínimo de 50% por encima de esa suma.
A cuánto se iría el boleto local
En la ciudad el transporte público de pasajeros tiene un perfil netamente social. Lo utiliza un segmento de la población que incluye mayormente a jóvenes estudiantes, así como adultos mayores y personas de bajos ingresos. Se cortan mensualmente, en promedio, 64.738 boletos.
Por ahora, el boleto general está en 300 pesos. Pero aunque no hay cambios previstos en la tarifa, va de suyo que no podrán demorarse, si es que la Nación mantiene su posición de interrumpir los subsidios de la manera en que lo hacía hasta ahora. Porque para el municipio, responsable de poner el servicio en la calle, lo importante es tener una recaudación que le permita un cierto equilibrio. Asumiendo pérdidas, que siempre el sistema las tuvo y se consideran una inversión necesaria para sostener un servicio de utilidad pública y social, pero que esas pérdidas no se transformen en un barril sin fondo.
Esos números de "equilibrio" también están hechos. El boleto hoy debería estar en 997 pesos. Mil pesos redondos, para hacer simple la cuenta. Con un boleto a mil pesos, habría naturalmente menos pasajeros y, con ello, menos recaudación. Se especula que el boleto podría irse, en un abrir y cerrar de ojos, a más de 1.500 pesos. El círculo vicioso sería fácil de predecir: boleto más caro, menos pasajeros, menor recaudación, más pérdidas, menor calidad de prestaciones y así sucesivamente. Es un escenario que nadie quiere enfrentar.
Precisamente ante el tenor que toman los acontecimientos, el intendente Leonardo Viotti viajará este jueves a Buenos Aires para sumarse a un grupo numeroso de intendentes del interior del país, que incluye a los de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata y otras grandes ciudades, que quieren plantear a las autoridades nacionales el impacto tremendo que la quita de subsidios tendrá en un servicio esencial para las poblaciones.
En la provincia
En tanto, funcionarios del gobierno de Santa Fe dieron una conferencia de prensa este miércoles para detallar el estado de situación del transporte en la provincia, tras el repentino cambio de los aportes que entrega Nación y que pasarán de subsidiar la oferta (empresas de colectivos) a la demanda (pasajeros). En ese sentido, Renata Ghilotti, secretaria de Transporte y Logística, advirtió que solo el 50% de las líneas de colectivos de la provincia funcionan con tarjeta SUBE, el sistema elegido por el gobierno central para implementar los subsidios al boleto.
De las 46 empresas de transporte que funcionan en jurisdicción provincial, solo siete funcionan con el sistema Sube. Medido por líneas, el 49,3% de las líneas funcionan con Sube (178) contra 183 que no lo hacen en Santa Fe (50,7%).
“Los santafesinos cada vez que cargamos combustible aportamos a un impuesto y ese fondo que se constituye, en enero, por ejemplo, es de 3.900 millones de pesos”, indicó a su turno Mónica Alvarado, subsecretaria de Transporte y Logística. Esos fondos, detalló, son coparticipables a las provincias, “con distintos ítems que considera la ley”.
Hasta el momento, lo que volvió a Santa Fe de esos 3.900 millones fueron solo 490 millones en concepto de Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda). Dentro de lo que establece la ley, también debió haber llegado la partida por el Fondo Compensador del transporte del interior, que, aunque fue anunciado que dejará de existir, todavía no se oficializó un cambio en la reglamentación que lo indique.
“Si hubiese llegado, en diciembre fue de 1.400 millones, por lo tanto, hubiesen restado 2.000 millones” de lo que aporta Santa Fe que no regresa a la provincia, según remarcó Alvarado.
“De lo que aportamos todos desde la provincia, el porcentaje que llegó es solamente del 13%" destacaron. Y se preguntaron: “Esos fondos, si no van al interior, ¿a que sistema del transporte van a estar subsidiando y a dónde van a ir a parar? Al único que mantienen el subsidio al transporte es el área de jurisdicción nacional y el Amba”.