En el mes de Noviembre del año pasado se votó la ordenanza N°4905 por la cual se dispone la obligatoriedad para los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejales y/o Funcionarios del Concejo Municipal de presentar la declaración jurada de bienes luego de asumir el cargo, y de actualizarla o volver a presentarla una vez por año, dentro de los últimos días de diciembre. También determina la obligatoriedad de presentarla antes de abandonar la función pública o agotarse el plazo del mandato. En los considerandos de la misma se esgrimían los principios del derecho al acceso a la información pública como un derecho humano básico y a la transparencia de las funciones gubernamentales ya que se encuentra vinculada con los mecanismos de participación y control ciudadano, dentro de los cuales el acceso a las nuevas tecnologías ocupa un lugar preponderante en la consolidación del estado democrático de derecho.
Un trámite “sencillo”
En la apertura de sesiones legislativas, el Intendente Castellano remarcó que a partir del mes de Abril estarían colgadas las declaraciones juradas en la web municipal y que las mismas estarían a disposición a través de un trámite sencillo. Lo cierto es que esta verdad se cumplimentó en parte puesto que si bien las declaraciones juradas están publicadas en el sitio Gobierno Abierto de la página web municipal, para acceder a las mismas hay que realizar un trámite on line ingresando los datos personales del solicitante, lo que ciertamente desmotiva a muchas ciudadanos a solicitar dicha información. Por esa razón, es que RAFAELA NOTICIAS viene publicando las declaraciones juradas de funcionarios municipales a fin de socializar la información y hacer verdaderamente democrático el acceso a la información pública, algo que, por principios, debería garantizar el estado.
El “austero” valor de las propiedades de los funcionarios
A través de dicho trámite on line, el ciudadano puede acceder a la siguiente información: conocer acerca de los bienes que poseen los funcionarios como vehículos, inmuebles, y cuentas bancarias tanto nacionales como en el exterior. 
Sin embargo, todo tiene que ser mirado con cierta suspicacia: por ejemplo: el valor con el que figuran los bienes inmuebles es a partir del avalúo fiscal, es decir, la tasación no comercial que el fisco realiza sobre un predio o bien raíz, con el fin de valorizarlos y aplicarles una contribución o impuesto territorial. Generalmente el avalúo fiscal es muy inferior al avalúo comercial, así entonces, los funcionarios declaran poseer viviendas o locales comerciales valuados en 12000 pesos por ejemplo. Claramente estas declaraciones se encuentran muy lejos de ser lo que realmente se maneja en el mercado, más aun teniendo en cuenta que, como afirman desde el Ejecutivo, los precios de las viviendas se pautan en dólares.
¿Qué pasa en el Concejo?
Si bien la Ordenanza N° 4905 también incluye a los concejales y al personal político que trabaja en el concejo, éstos aún no tienen disponibles sus declaraciones en la web. Los argumentos se basan en que “la actualización informática lleva tiempo”, aunque lo cierto es que luego de 4 meses desde la sanción de la ordenanza, de haberlo querido, ya lo hubieran hecho. 
En definitiva, vemos con buenos ojos que se transparenten ciertas acciones de los funcionarios públicos aunque no por ello podemos dejar de insistir en la importancia de que la transparencia sea ejercida de forma completa, esto es, haciendo accesible realmente la búsqueda y la obtención de la información y además, corrigiendo el monto de las propiedades a precios reales, y no a partir del avalúo fiscal, si es que realmente están convencidos de que la transparencia es un rasgo positivo en el ejercicio del gobierno.