Un informe oficial del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe al que accedió RAFAELA NOTICIAS muestra que son 65 las personas con prisión domiciliaria en la región (al 31 de diciembre del 2021). Esta cifra corresponde al ámbito de la Fiscalía Regional V que tiene como cabecera a Rafaela, pero que abarca todo el departamento Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal.
De esas 65 personas que están con prisión domiciliaria (hablando siempre de la justicia provincial), a 18 se las dictaron durante el 2021, al menos hasta el 10 de noviembre que es el corte realizado para armar la estadística. Ese número había sido muy superior en el año 2020, cuando fue el epicentro de la pandemia en el país y por las condiciones sanitarias se evitaba el amontonamiento de gente en las cárceles, argumento muy utilizado por los abogados defensores a la hora de morigerar una prisión preventiva. Ese año 2020, en la región las prisiones domiciliarias dictadas habían sido 31, prácticamente el doble que en el 2021. Por otro lado, si se toma el año pre pandémico como el 2019 las prisiones domiciliarias habían sido pocas también: 13.
Si bien el dictado de las prisiones domiciliarias subieron en el año de la pandemia y luego bajaron, la cantidad de gente que está en sus hogares cumpliendo esta medida judicial se engrosa año a año. Eran 22 en el 2017, 28 en el 2018, 35 en el 2019, 55 en el 2020 y 65 en el 2021. Todos datos al 31 de diciembre de cada año correspondientes a la Fiscalía Regional V. Este incremento de personas privadas de su libertad en sus casas implica una mayor logística en el control de la medida y por supuesto la afectación de más recurso humano. Por eso la pregunta es. ¿funciona como corresponde el sistema? Como dice el dicho "para muestra hace falta un botón". Son múltiples los ejemplos de personas que fueron detectadas por incumplir la prisión domiciliaria, y muy rara vez en un control policial en la casa del detenido. Generalmente a los detenidos domiciliarios se los encuentra en calle, en controles de tránsito o cuando cometen algún delito.
Las fuentes consultadas por RAFAELA NOTICIAS explicaron que cuando a una persona se le dicta prisión domiciliaria llega un oficio a la comisaría de la jurisdicción donde reside el detenido, informando a la policía sobre la situación del imputado. Ese oficio dispone que se pongan a disposición los recursos humanos de la seccional a fin de proceder a un control de la persona en su domicilio respetando los horarios de sueño y la privacidad. Habilitando la policía una planilla interna que el detenido deberá firmar a la hora que lo visite algún efectivo. Esta visita debe ser sorpresiva, imprevisible y, se supone que continu,a para corroborar que no haya salido en ningún momento de su hogar. Control que en la práctica evidentemente sucede poco. El monitoreo de los detenidos suele ser, con suerte, esporádico y previsible. ¿Quien controla esto? Nadie. Las planillas policiales son internas y generalmente no son requeridas por la justicia.
Claro está que también hay que aclarar que la policía tiene múltiples tareas de prevención y combate del delito, con recursos limitados- sobre todo de personal- que hace imposible muchas veces hacerse cargo del control de 10 o 20 personas con prisión domiciliaria bajo su jurisdicción. Por lo cual el sistema de control muestra fallas por todos lados y no garantiza el cumplimiento efectivo de la medida. Y si no, hace falta sólo remitirse a las pruebas que muestra la realidad diaria.
Sin dudas que un sistema de dispositivo electrónico (como tobilleras) ayudaría a que el mecanismo funcione verdaderamente siempre que se lo acompañe de la tecnología necesaria y el recurso humano que lo monitoree, pero eso parece estar lejos al menos en la provincia de Santa Fe por ahora. De las 1.695 personas con prisión domiciliaria en toda la provincia, solamente 21 están controladas con un dispositivo electrónico, es decir, apenas el 1,2 por ciento.