La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó con reformas el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para incorporar nuevas herramientas a la seguridad pública. La propuesta alcanzó 37 votos a favor y 11 rechazos en general, por lo que fue derivada al Senado en revisión.
La norma modifica de forma parcial cinco leyes provinciales, con foco en 14 artículos del Código Procesal Penal. Las modificaciones abarcan también el Código de Convivencia, la Ley de Inteligencia, la regulación sobre la privativa de la libertad y el Programa de Protección de Testigos y Víctimas.
Entre los puntos sobresalientes, Santa Fe se convertirá en la primera provincia en aplicar la figura del juicio en ausencia. Asimismo, el cuerpo legislativo acordó retirar el capítulo referente a la zona de intervención especial policial para tratarlo en un proyecto independiente.
Cruces en el recinto y posturas de los bloques
El dictamen definitivo surgió del plenario entre las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. A lo largo de la jornada expusieron unos veinte legisladores, visibilizando contrapuntos internos en la coalición de gobierno donde el socialismo mantuvo reparos sobre la redacción original.
La diputada socialista Lionella Cattalini fundamentó el trabajo de su espacio en defensa de las garantías constitucionales y criticó las declaraciones públicas del funcionario del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini.
A su turno, el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, calificó como "malo" el texto enviado inicialmente por el Ejecutivo y aclaró: "Siempre dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo sobre la base de que el MPA ejerza la acción penal y conduzca las investigaciones".
En contraste, el titular de la comisión de Seguridad Pública, el radical Martín Rosúa, valoró que la iniciativa busca "dotar al sistema provincial de persecución penal y seguridad de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios".
Desde la misma bancada, José Corral remarcó los avances en la materia y señaló: "Hoy tenemos 63 presos de alto perfil del nivel más alto", sobre un universo de 615 internos de máxima seguridad. En tanto, Dionisio Scarpin consideró que se podría haber ido por más.
Alcance procesal y la nueva declaración informativa
Las objeciones al dictamen provinieron de los bloques Somos Vida, Inspirar, Vida y Familia, y del justicialismo a través de Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Celia Arena y Marcos Corach, sumados al Frente Amplio por la Soberanía. Arena justificó la negativa sosteniendo que el articulado pone en riesgo a personas inocentes.
En sentido contrario, los legisladores rosarinos Ariel Bermúdez y Walter Ghione respaldaron el paquete de medidas. Bermúdez afirmó que "nos podemos equivocar pero actuamos", mientras que Ghione reclamó garantizar la seguridad como un derecho colectivo.
En el plano estrictamente penal, se ratificó la incorporación del artículo 113° bis, regulando la declaración informativa. Esta facultad permitirá al fiscal citar a quien aparezca vinculado a un delito aun sin elementos para formalizar la imputación, debiendo advertirle que puede asistir con abogado defensor, retirarse libremente y guardar silencio sin consecuencias procesales.
La redacción sancionada establece además el marco para la sustanciación del proceso en rebeldía y define los presupuestos en los cuales la policía podrá concretar allanamientos sin orden judicial previa.