Con el anuncio del presidente Alberto Fernández de
la extensión de la cuarentena y la posibilidad de delegar a las
administraciones provinciales la flexibilización de las restricciones
que pesan sobre el comercio, la industria y las actividades
profesionales, recrudeció en las pequeñas poblaciones el reclamo de
quienes no pueden reiniciar sus labores. Ayer, algunos pueblos se
organizaron para peticionar al gobierno provincial mientras que otros,
como María Juana y San Vicente, en el departamento Castellanos, con
profunda autodeterminación salieron directamente a flexibilizar las
actividades según criterios evaluados en sus respectivos comités de
crisis. La repercusión de la decisión adoptada fue creciendo con el
correr de las horas, hasta que sobre el final del día, las respectivas
comunas dieron marcha atrás con la medida.
Con un
esquema que detallaba cada actividad y las restricciones particulares,
se publicó la novedad a través de las redes sociales de ambas comunas.
Allí se comunicaron horarios, medidas de seguridad y modalidades de
atención para cada rubro "flexibilizado" por el gobierno nacional,
además de otros que no estaban comprendidos en la resolución, como
ventas de electrodomésticos, tiendas, zapaterías, perfumerías,
imprentas, enotecas y rubros de cuidado personal.
En
concreto, habilitaron toda la actividad comercial pero luego debieron
dar marcha atrás. En el caso de María Juana, una denuncia anónima obligó
a una nueva reunión del comité de crisis luego de la cual se bajó el
anuncio de las actividades permitidas en el perfil de Facebook en el que
la comuna comunica las decisiones. En su lugar se subió el que
anunciaba que habían dado marcha atrás.
"Debido a
un error de interpretación de las normas legales, se deja sin efecto la
disposición emitida este lunes, donde se habilita a funcionar a
comercios y rubros no comprendidos en el decreto nacional. Quedamos a la
espera que el comité de crisis departamental gestione su aprobación
ante el gobierno provincial", indica el comunicado.
Durante
la tarde, el presidente comunal de María Juana, Amadeo Bazzoni, había
esgrimido ante La Capital que "la situación en la localidad es
insostenible. Hay gente que necesita trabajar para poder llevar alimento
a su casa y no hay forma de controlarlo. Un peluquero va a trabajar
casa por casa, una tienda vende un abrigo para un chico por la ventana y
así con muchos rubros que si los organizamos y les permitimos trabajar
bajo ciertas reglas haríamos mejor tarea".
"Hubo
una mala interpretación de cómo se debía actuar", manifestó a su vez el
presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira, acerca de la decisión
de liberar una serie actividades.
"Tuvimos la
mejor intención para con aquellos que están más complicados con la
cuestión económica y nos equivocamos. Por supuesto que vamos a ser
coherentes con lo que se dictaminó desde la Nación", dijo Aira.
Acerca
de la publicación que hizo la comuna en Facebook sobre las actividades
que se autorizaban a realizar, el presidente comunal aclaró que no debía
aparecer allí porque se trataba de "una comunicación interna".
"Era
una comunicación interna para ver cómo nos podíamos ordenar ante el
pedido desesperado de varios rubros. Quisimos ayudar ante la
desesperación del que realiza changas", dijo.
"Quisimos
hacer el bien y nos equivocamos. Las Pymes están desesperadas y muchas
manifiestan que no van a poder pagar los sueldos", planteó.
Aira
se sorprendió con la repercusión de la decisión que había adoptado la
comuna, y sostuvo que no es la única localidad que había decidido
liberar actividades. "Estoy en un foro de intendentes y la mayoría están
haciendo lo mismo. Nadie lo hace con mala intención", dijo.
El
presidente comunal contó que ayer mismo le envío un petitorio al
gobierno provincial para una cuarentena administrada, explicando además
lo que calificó que fue un "error" de la comuna.