La Federación Latinoamericana de Magistrados y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitieron comunicados expresando su preocupación ante el proyecto presentado en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación que haría que jueces, fiscales y funcionarios del poder judicial paguen el Impuesto a las Ganancias. Se reproduce a continuación el escrito de la segunda entidad mencionada, adjuntando en archivo (sección documentos) el comunicado de la restante.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, viene alertando a toda la comunidad, que ciertos sectores de la política, con la
presentación de proyectos legislativos que modifican arbitrariamente las condiciones de
servicio, pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores
judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio.
En efecto, además de la reivindicación que el salario no es ganancia,
corresponde denunciar que recientemente, en el proyecto de ley de presupuesto, un
legislador propone demagógicamente que a todos los magistrados, funcionarios y empleados
de los Poderes Judiciales y del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales, se les
grave la totalidad de sus haberes con el impuesto a las ganancias, extremo que curiosamente
no se impone para el resto de los contribuyentes, ya que hasta los miembros del órgano
legislativo, tienen un aporte tributario inferior, porque excluyen varios parámetros de sus
salarios.
Ello demuestra acabadamente que lo que se quiere disfrazar o confundir a la
sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a
condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y
empleados judiciales.
Consecuentemente, cabe recordar que la vinculación laboral en el ámbito
judicial, tiene un régimen diferenciado al resto de la función pública, ya que los primeros,
entre otras limitaciones, se encuentran inhabilitados para ejercer la profesión u otra actividad
lucrativa, además ya se encuentran en situación de inferioridad porque se le exige un aporte
jubilatorio del 18% y sin tope salarial y algunos funcionarios pagan ganancias porque fueron
nombrados recientemente.
La CSJN ha siempre sostenido, que la garantía de igualdad ante la ley radica
en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de
circunstancias (Fallos: 16:118; 95:327; 117:22; 124:122; 126:280; 137:105; 138:313; 151:359;
182:355; 199:268; 270:374; 286:97; 300:1084, entre muchos otros).
En ese orden, al legislador se le encuentra vedado realizar un tratamiento
diferenciado con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad
personal o clase, ni que importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas (Fallos:
115:111; 123:106; 127:167; 182:398; 236:168; 273:228; 295:455; 306:1560; 318:1256).
Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa
corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de
poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un
Estado de Derecho.
Así las cosas, la AFFUN exhorta a una prudencia especial a los representantes
en el orden parlamentario, de modo tal que eviten cualquier resolución, que pueda
interpretarse como una presión intolerable a la función judicial.
Carlos RIVOLO, Presidente
Ricardo TORANZOS, Vicepresidente Primero
Maria Fernanda POGGI, Vicepresidenta Segunda
Carina JAIME, Vicepresidenta por los Funcionarios
Susana PERNAS, Secretaria General
Alejandro MARTI GARRO, Tesorero
Vocales: Graciela GILS CARBO, Javier FONTENLA, Diego LUCIANI, Verónica
MARTINA (Región Capital); Jorge SICA (Región Provincia de Buenos Aires); María
Alejandra OBREGON y María Gloria ANDRE (Región Cuyo), Carlos SCHAEFER y
Flavio FERRINI (Región Noreste), Alberto LOZADA (Región Centro); Carlos Alfredo
BRITO y Pedro SIMON (Región Noroeste), Marcelo RAPOPORT (Región Patagonia)