El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, a través del concejal Juan Scavino, volvió a presentar formalmente en el Concejo Municipal de Rafaela, el polémico proyecto de ordenanza que busca hacer obligatorio el registro con DNI de toda persona que se hospede en la ciudad. La iniciativa alcanza a hoteles, aparts, hosteles, pensiones y alquileres temporarios.
El expediente retoma una propuesta que ya había sido impulsada en abril pasado y que debió retornar a comisión luego de intensos cruces entre las distintas fuerzas políticas respecto a su aplicabilidad y al resguardo de la privacidad.
El antecedente de abril: por qué volvió a comisión
En su primer paso por la Comisión, el proyecto generó posturas contrapuestas entre la prevención del delito y la protección de datos personales.
Desde la oposición, el concejal Juan Senn (PJ) cuestionó la necesidad de sancionar una ordenanza municipal al señalar que la materia ya se encuentra regulada por normas jerárquicamente superiores. Senn argumentó que la ley nacional y los decretos provinciales de turismo imponen formalmente a los prestadores la obligación de llevar libros y registrar la documentación de los huéspedes, por lo que consideró redundante que el municipio cree una nueva norma con el mismo objeto.
Por su parte, la concejal Milagros Zafra (La Libertad Avanza) enfocó su reparo en los riesgos sobre el manejo de información sensible por parte del personal de recepción. Advirtió sobre el peligro de exposición ante estafas o robo de identidad en caso de fotografiarse las credenciales, señalando que la combinación de datos bancarios con el número de trámite del DNI expone a los usuarios a la toma no autorizada de créditos o préstamos.
¿Qué dice el oficialismo?
En defensa de la norma, Juan Scavino había reconocido la existencia del marco provincial pero sostuvo que "en los hechos no se cumple". El edil fundamentó en ese momento la urgencia de establecer controles locales tras reunirse con referentes hoteleros y recordar episodios delictivos acontecidos en la ciudad, como los robos con inhibidores de alarma perpetrados por delincuentes foráneos que pernoctaron en establecimientos locales sin ser registrados.
Bajo el argumento de que "ningún derecho es absoluto y las situaciones vinculadas a la seguridad pública están por encima del derecho privado", Scavino insistió en dotar al Estado local de herramientas de fiscalización directa.
Las claves del nuevo texto
El proyecto nuevamente ingresado mantiene los ejes sustanciales para la trazabilidad de los pasajeros:
- Obligatoriedad: Exige DNI o documento equivalente a huéspedes y acompañantes en todo tipo de alojamiento comercial o temporario.
- Datos requeridos: Nombre completo, DNI/pasaporte, nacionalidad, fechas de ingreso/egreso y domicilio de origen.
- Guardia de datos: Conservación de los registros por 12 meses bajo leyes de protección de datos personales, disponibles solo ante requerimiento de autoridades en investigaciones o prevención.
- Sanciones: Multas graduadas de 20 a 50 Unidades de Multa (UM) para los establecimientos incumplidores, ascendiendo a entre 50 y 100 UM y la duplicación del plazo de clausura en caso de violar inhabilitaciones previas.
Con el reingreso de la medida, el debate retornará a las comisiones del cuerpo legislativo local para evaluar si se logran los consensos necesarios para su sanción final.