En cualquiera de las jurisdicciones del Estado la convocatoria a licitaciones públicas es una obligación claramente establecida por las leyes vigentes. Se trata del mecanismo ordenado por esas reglamentaciones para hacer lo más transparentes posibles los procesos de compras y contrataciones por parte del Estado: se publican las convocatorias, los pliegos y se establecen plazos en los cuales los oferentes interesados deben realizar sus propuestas en sobres cerrados que se abren en actos públicos. Esto no evita totalmente el riesgo de actos de corrupción (sobran ejemplos en la historia argentina), pero es el sistema habitual y el indicado para las compras del Estado.
En los últimos años, sin embargo, con leyes denominadas de "emergencia", las distintas jurisdicciones estatales han conseguido la venia de los poderes legislativos correspondientes para prescindir de las licitaciones. Con el argumento de la agilización de los procesos o por urgencias determinadas, la Provincia por ejemplo ha hecho compras directas por montos millonarios en insumos de salud (durante la pandemia) o para afrontar el equipamiento de las fuerzas de seguridad.
La inflación es otro argumento fuerte, y lo fue fundamentalmente durante el período post pandemia, donde muchos insumos no tenían precio (el concreto asfáltico, por ejemplo) y hasta los neumáticos o insumos para movilidades eran difíciles de conseguir si no había compras con pagos a corto plazo, imposibles de concretar por la vía de las licitaciones. Pero ahora que la inflación está cediendo considerablemente y que ha reaparecido incluso el crédito en las compras comunes de cualquier ciudadano, ese argumento viene perdiendo fuerza.

Una excepción, no una regla

Sin embargo, esas leyes u ordenanzas especiales sancionadas para atravesar situaciones de emergencia, son la excepción a la regla que ordena los mecanismos de compras por parte del Esado. Ahora, un proyecto del Ejecutivo Municipal para prorrogar por seis meses esas facultades extraordinarias que habiliten un proceso de compras más laxo, sin los plazos y requisitos de las licitaciones y a través de concursos de precios, vuelve a darle al justicialismo la posibilidad de hurgar en el delicado equilibrio que tienen las fuerzas de Unidos para Cambiar Santa Fe en el Concejo Municipal de Rafaela, donde la coalición oficialista comenzó a exhibir algunos crujidos a partir de los pasos adoptados por el representante del PRO, Ceferino Mondino.
La oportunidad apareció con el tema licitaciones como punta de lanza, y el PJ vuelve a la carga. En una declaración que difundió este domingo, en la previa de una semana donde comenzará a discutirse el presupuesto, trató de echar sal en las heridas abiertas por la ruptura de Mondino con la regla de lo que el mismo concejal del PRO denominó "de la obediencia debida" a los mandatos del Ejecutivo.
Para el justicialismo, "la decisión del Intendente Viotti de ingresar nuevamente el pedido para que el cuerpo legislativo le autorice a continuar realizando compras directas por montos millonarios amenaza con que el esfuerzo por consensuar decisiones dure poco". La alusión es al consenso logrado para escalonar el incremento de tasas y derechos y no aplicar esos aumentos en un solo pago.
“El texto legal de la norma menciona que se mantienen los fundamentos que le dieron origen, es decir, riesgos de desabastecimiento, inflación creciente, desinterés de proveedores, bruscas variaciones de precios… el Intendente está viendo la película de otro país”, expresó el Dr. Martín Racca.
El comunicado entra luego en una serie de análisis sesgados por la óptica de la oposición: dicen los concejales de la posición que la abstención de Mondino en la última votación que se realizó para autorizar compras directas obligó al presidente del Concejo Lisandro Mársico a "pasar un incomodísimo momento" al tener que desempatar la votación, "sin justificar su voto".
Agrega el comunicado que hay otros concejales supuestamente dispuestos a revisar esta postura. Ciertamente la declaración del peronismo entra en un terreno de especulaciones incomprobables, como serían los supuestos posicionamientos de dos concejalas del oficialismo dispuestas a ponerle límites a las compras directas. Una de las dos concejalas citadas en la comunicación del peronismo como una probable "dudosa" en su apoyo a la prórroga propuesta es Alejandra Sagardoy, quien funge como jefa de bloque del oficialismo y tiene comunicación muy fluida con el Ejecutivo. Literalmente suena imposible que Sagardoy vaya en otra dirección que la propuesta por el gobierno municipal, que aduce que las compras directas siguen permitiéndole generar ahorros muy importantes en las adquisiciones y negociar desde condiciones mucho más favorables que lo que lo hacía la gestión anterior.
La rosca política no es en Pascuas: es en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y viene con todo.