La problemática de los servicios públicos en viviendas usurpadas volvió a instalarse en la agenda del Concejo Municipal de Rafaela. Esta vez, a partir de la respuesta que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) envió al cuerpo legislativo ante un planteo impulsado por el concejal Lisandro Mársico.
En una entrevista con RAFAELA NOTICIAS, el edil manifestó su disconformidad con la contestación de la empresa provincial y cuestionó también el tratamiento que reciben los propietarios de inmuebles usurpados por parte de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

El reclamo a la EPE y una respuesta que no conformó

El planteo de Mársico, presentado junto a la concejal Carla Boidi, buscaba que la EPE modificara su reglamentación para evitar que personas que ocupan ilegalmente una propiedad puedan conseguir el suministro eléctrico mediante la presentación de contratos de alquiler presuntamente fraguados.
El concejal explicó que existe un vacío en las disposiciones de la empresa que permite que un ocupante ilegal obtenga una conexión eléctrica mediante un supuesto contrato celebrado con quien se presenta como propietario.
“Estamos diciendo que ahí hay un bache en la reglamentación para que modifiquen esos reglamentos internos de la Empresa Provincial de la Energía y no permitan que se produzca esta situación que muchos llevan adelante para tener luz”, explicó.
La iniciativa ingresó al Concejo el 2 de julio de 2026, bajo el expediente 11050-1, y posteriormente fue aprobada mediante la Resolución 2868, del 20 de agosto.
Sin embargo, la respuesta de la EPE no fue la que esperaba Mársico. En una nota fechada el 3 de noviembre, la empresa informó que había analizado el planteo a través de sus áreas técnicas y jurídicas, pero no anunció cambios inmediatos en la reglamentación vigente.
“La respuesta fue que lo iban a analizar. Fijate vos, no tenemos una respuesta más contundente”, cuestionó el edil.
Aunque reconoció que en determinados casos la empresa interrumpe el suministro, insistió en que sigue existiendo un problema cuando el ocupante presenta documentación presuntamente falsa para conseguir el servicio.
“Esta de la EPE tampoco te dejó conforme. Y la de la EPE tampoco, porque si bien en algunos casos corta, insisto con esto, existe ahí un bache en la legislación en el cual presentando un contrato fraguado le bajan la luz, lo cual pedí la modificación de la reglamentación y muy livianamente me dicen que lo van a analizar”, sostuvo.

Aguas Santafesinas y las deudas que terminan pagando los propietarios

La crítica del concejal también alcanzó a Aguas Santafesinas. En este caso, el cuestionamiento está relacionado con los propietarios que sufren la usurpación de sus viviendas, solicitan la interrupción del servicio y, cuando finalmente recuperan el inmueble, se encuentran con deudas generadas durante el período de ocupación.
Mársico apuntó contra el criterio de la empresa de reclamarles a los titulares de las propiedades los importes correspondientes a consumos que, según su planteo, fueron realizados por quienes ocuparon ilegalmente los inmuebles.
“¿Cómo puede ser que un propietario que tiene su vivienda intrusada, usurpada, resulta que si deja de pagar un servicio que él no está utilizando, cuando logra desalojar la propiedad le cobran la tarifa, el costo de la deuda al propietario, cuando el propietario fue, pidió el corte y el corte no se lo dan?”, cuestionó.

"Vergüenza lo que está pasando"

Y fue todavía más contundente: “Es una vergüenza lo que está pasando. No puede utilizar al propietario de esta manera y cobrarle una deuda que él nunca usufructuó, un fluido que nunca usufructuó. Y cuando fue a pedir el corte, no se lo dan”.
El reclamo tiene un antecedente legislativo. Mársico y Boidi también habían impulsado una iniciativa para que ASSA modificara su Reglamento del Usuario y contemplara la posibilidad de interrumpir el suministro de agua en inmuebles usurpados cuando existiera una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación.
En ese contexto, el concejal volvió a expresar su malestar por lo que considera una falta de respuestas de las empresas provinciales frente a quienes son víctimas de este tipo de situaciones.
“Vergüenza le tendría que dar a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima lo que está haciendo con propietarios que son víctimas de usurpación en sus inmuebles. La verdad, lamentable, lamentable”, manifestó.
Finalmente, al referirse a la respuesta de la EPE, Mársico dejó una frase que sintetizó su enojo con ambas empresas: “Están del lado de los usurpadores y no del lado de los propietarios. Y eso me pone mal”.