Días pasados en dos barrios de la periferia de la ciudad, ocurrieron dos hechos de inseguridad donde los involucrados fueron menores bajo los efectos del pegamento. Dos situaciones que cristalizan dos serios problemas: por un lado, la falta de políticas sociales enfocadas en la juventud y por otro, la falta de controles para evitar que se siga vendiendo pegamento fraccionado y a menores en los comercios de la ciudad.
Una de las principales problemáticas que aquejan a los jóvenes de los sectores más vulnerables de la ciudad está vinculada al consumo de drogas, siendo la inhalación de pegamento una de las formas más accesibles y baratas de consumir. Lamentablemente, ésta es una realidad de muchos de los jóvenes de los barrios, quienes comienzan a consumir a temprana edad. ¿Quién brinda contención social a estos chicos? Si bien en estos barrios existen programas que brindan alimentos a familias en situación de vulnerabilidad, se evidencia la falta de políticas sociales que los contengan y acompañen, ya que muchos de ellos encuentran en el consumo de drogas una vía de escape a su cotidianeidad y una puerta de entrada a la ilegalidad, generando situaciones como las vividas en días pasados.
En cuanto al segundo problema, la falta de controles a la venta de pegamento, podemos decir que en Rafaela existe la ordenanza 4205 que solo habilita la venta de pegamentos con tolueno en ferreterías, pinturerías y corralones para mayores de 18 años. En su artículo 3º, prohíbe la venta fraccionada de estos productos, autorizándose exclusivamente la venta de los envases etiquetados en su origen por el fabricante. En todos estos casos, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, a establecer por vía reglamentaria los mecanismos de control sobre el cumplimiento de esta Ordenanza. Sin embargo, los hechos de esta semana hablan a las claras de la falta de controles para evitar que se siga vendiendo pegamento fraccionado a menores. En 2017 se realizaron algunos controles a comercios locales, que tuvieron como resultado la clausura preventiva de uno de ellos. Casi un año después, esta problemática sigue ocurriendo ante los ojos de muchos vecinos que ven día a día cómo los más jóvenes del barrio inhalan pegamento en distintas plazas de la ciudad. Nadie puede negar entonces que si esto sigue ocurriendo, es porque se sigue vendiendo. 
Cuando ocurren estos episodios se tiende a clasificarlos como cuestiones de inseguridad, que en sí mismos lo son, pero que cristalizan dos problemas de fondo que tienden a soslayarse o que nadie quiere ver: por un lado, la inexistencia de políticas sociales integrales y con un enfoque comunitario, que vayan más allá del mero asistencialismo, y por otro, la falta de controles a comercios a fin de evitar que los menores compren pegamento como quien compra chicles en el kiosko de la esquina. Dos cuestiones de suma importancia que deben ser atendidas con urgencia a fin de evitar que este consumo se propague, o incluso, se agrave, involucrando drogas mucho más peligrosas para la salud y la vida.