En ese sentido y en consenso con instituciones representativas de la ciudad nos hemos comprometido con el tema asumiendo la tarea con responsabilidad, compromiso e iniciativa. Participamos activamente de las reuniones de los diversos espacios público-privados: Consejo Consultivo Social, Consejo de Seguridad, y recientemente, impulsando la conformación de la Mesa Operativa de Seguridad. En estos ámbitos se ha expuesto la preocupación por el alarmante incremento de los hechos de inseguridad que ponen en riesgo la vida, el trabajo y las actividades cotidianas de todos los habitantes de la ciudad, sin importar edad, sexo o condición social.
De los relevamientos realizados desde el Observatorio Comercial del CCIRR, la seguridad constituye la principal demanda del sector hacia el Estado, además de señalar que uno de cada tres comerciantes expresó haber sido víctima de algún hecho de inseguridad en el período previo al de realización de la muestra.
Rafaela cuenta con numerosos elementos para el abordaje de este flagelo. Se logró la apertura de un Juzgado Federal, y de una Fiscalía Regional como consecuencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, que conviven con los Juzgados de fuero Penal y fuero de Menores existentes. También se cuenta con una Coordinación de Seguridad del Nodo Rafaela (dependiente del Gobierno Provincial) y una Coordinación en Prevención de Seguridad (dependiente del Gobierno Municipal). Finalmente, con la presencia de diferentes fuerzas de seguridad para la prevención y la acción: Policía de la Provincia, Policía Vial, Policía Comunitaria, Policía de Investigaciones, Brigada de Drogas Peligrosas (todas estas dependientes del Gobierno de Santa Fe); como así también Gendarmería (Nacional) y Guardia Urbana (Municipal).
Creemos en la ineludible coordinación de todos los niveles del Estado (local, provincial y nacional) y sus diferentes fuerzas de seguridad, así como también de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para encontrar soluciones al flagelo de la inseguridad. También en la necesidad de un abordaje integral - que incluya el aspecto social -, y en la puesta en marcha de un Plan Estratégico Regional de Seguridad, clave para la utilización eficiente de los recursos ya existentes.
Solicitamos a todas las autoridades públicas, que asuman con convicción su responsabilidad institucional en este tema.
A la inseguridad se la aborda con decisión política, y con políticas de Estado que trasciendan los intereses partidarios y las gestiones de gobierno.

Está en juego nada menos que el futuro de nuestra sociedad.