Este jueves se llevaron a cabo los alegatos finales en un juicio por abuso sexual que se desarrolla en los Tribunales de Rafaela. El acusado es un rafaelino identificado como Mario Alberto M. Las víctimas, su hija y su hijastra, estuvieron presentes en la audiencia, que contó con la cobertura exclusiva de RAFAELA NOTICIAS.
En su alegato, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Gabriela Lema, solicitó una pena de 30 años de prisión para el acusado. El caso está siendo juzgado por un tribunal compuesto por los jueces Dr. Javier Bottero, Dr. José Luis Estévez y la conjueza Dra. Cecilia Álamo.
Según expuso la fiscal, el imputado habría cometido abusos sexuales con acceso carnal (violaciones) contra su propia hija cuando ella tenía entre 13 y 14 años, además de exigirle que le enviara fotos desnuda en situaciones íntimas. Estos hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia de género de manera reiterada entre 2021 y 2022, cuando la menor —quien padece un leve retraso madurativo— quedaba bajo su cuidado.
Por otro lado, Lema también afirmó que el acusado abusó sexualmente de su hijastra entre 2012 y 2013, cuando la niña tenía 12 años, aprovechando situaciones en las que estaba a solas con ella para tocarla en sus partes íntimas.
Las imputaciones formuladas por la fiscal incluyen abuso sexual con acceso carnal (en dos oportunidades) y corrupción de menores en relación con su hija, mientras que para el caso de su hijastra se le atribuyen los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante. Todos estos delitos están agravados por la edad de las víctimas, la relación de convivencia con el imputado y el hecho de que se encontraban bajo su cuidado.
Una pena "degradante y cruel"
El abogado defensor, Dr. Adrián Roca, consideró que la pena solicitada por la fiscalía era "degradante y cruel", y que resultaba desproporcionada en relación con los delitos imputados. Sostuvo que una condena de 30 años impediría cualquier posibilidad de reinserción social del acusado, objetivo central de una pena.
Además, Roca cuestionó las calificaciones legales de corrupción de menores y abuso sexual gravemente ultrajante, argumentando que no se daban las condiciones necesarias para encuadrar los hechos en esas figuras penales. También pidió que se anule como prueba una de las cámaras Gesell realizadas en la causa, alegando que no se incorporó conforme a los procedimientos legales establecidos.
El defensor remarcó que en las pericias realizadas en los teléfonos del acusado y de su hija no se encontraron conversaciones ni fotos de contenido sexual. Y solicitó que, en el caso de los abusos sexuales con acceso carnal, se le otorgue a su defendido el beneficio de la duda y se lo absuelva. En última instancia, planteó que, en caso de condena, no se imponga la pena de 30 años solicitada por la fiscalía, sino la de 11 años, que había sido acordada previamente en un juicio abreviado con la fiscal Lema, aunque este acuerdo fue luego descartado.
Culminados los alegatos, ahora se espera la sentencia de los jueces que será el próximo lunes 17 de marzo.