No sin eufemismos, la llamada “reforma” implica lisa y llanamente una gran transferencia de ingresos desde la población de la tercera edad hacia el gobierno. Es a los jubilados a quien se les quita una cifra aproximada de 100 mil millones de pesos para apalancar el déficit fiscal y las deudas contraídas por el actual gobierno para con sectores capitalistas, tanto nacionales como internacionales, que se beneficiarían de esta mal llamada reforma.

En la historia de nuestro país, los jubilados siempre han sido cercenados en sus derechos, tal vez porque para el gobierno este grupo de personas no tiene poder de negociación con los poderes del estado. Un grupo vulnerable y debilitado per se, no puede parar el país.
No obstante, es importante que tomemos conciencia de que son nuestros padres o abuelos quienes a fin de mes van a cobrar mucho menos, en caso de que por la fuerza de la ley esta reforma sea un hecho. Un dato que no debemos pasar por alto, si realmente queremos que no los sigan violentando en sus derechos, si no queremos que sean nuestros queridos abuelos quienes paguen el costo de este injusto ajuste.