La causa por el funcionamiento de una residencia clandestina para adultos mayores en barrio Nuevo Horizonte sumó nuevas líneas de investigación orientadas a determinar si el establecimiento operaba bajo el amparo de una red más amplia. El fiscal regional Jorge Nessier confirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabaja de manera coordinada con la Justicia Federal tras una denuncia por una posible situación de trata de personas.
El caso se originó a partir de un incendio registrado el pasado 29 de julio en una propiedad de calle José Gollán al 10.100. En el lugar, que no contaba con ningún tipo de habilitación municipal, las autoridades descubrieron a siete adultos mayores y personas con discapacidad viviendo en condiciones de extrema precariedad. Actualmente, la titular del establecimiento permanece con prisión preventiva imputada por abandono de persona, mientras que un empleado fue procesado por privación ilegítima de la libertad bajo medidas alternativas.
En paralelo a las responsabilidades directas, la fiscalía profundiza sobre el circuito económico y financiero de la residencia. Los investigadores analizan transferencias, pagos y movimientos bancarios correspondientes al último año y medio, para lo cual se requirió información a una veintena de entidades bancarias y a doce billeteras virtuales. El objetivo es dilucidar si existieron pagos indebidos o si se lucraba con los haberes previsionales y pensiones de los residentes.
Asimismo, la justicia analiza la posible existencia de derivaciones irregulares de adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad hacia este tipo de establecimientos informales. Aunque por el momento no se han sumado nuevos imputados formalmente, la articulación entre los fueros provincial y federal busca esclarecer si operaba una trama de complicidades que facilitara el funcionamiento clandestino de la residencia.