Los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, imputaron este martes al senador por el departamento San Lorenzo, el justicialista Armando Traferri y lo acusaron de liderar una organización criminal que, entre otras cosas, le brindaba "cobertura" a Leonardo Peiti, conocido empresario del juego clandestino, del que habría percibido al menos 200 mil dólares.
Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.
Para los fiscales, Traferri "cooperó a la organización de juegos de azar aprovechando las influencias como senador por Santa Fe infiltró al Ministerio Público de la Acusación".
La del martes, además, fue la primera audiencia judicial a la que asiste el senador sanlorencino (en su cuarto mandato y protegido por fueros propios de su cargo) tras cuatro años en que se negó a declarar ante Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los primeros fiscales que lo apuntaron.
En diciembre de 2020 Traferri se negó a declarar y logró el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara para rechazar un pedido de desafuero de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a los que el por entonces titular del bloque del PJ consideraba parciales.
Una y otra vez, desde su banca, Traferri acusó a viva voz al ex ministro de Seguridad y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, de promover por "razones políticas" esa causa. Sostenía que los fiscales eran parciales y finalmente fueron apartados de la investigación.
Tras tres años, el 18 de octubre de 2023, con el mismo Senado de mayoría justicialista, se votó a favor de que Traferri pueda ser interrogado e imputado. Se aclaró entonces que no podrá ser detenido aún si así lo pidieran los fiscales: un paso de ese tipo requeriría (eventualmente) de un nuevo pronunciamiento del Senado.
Desde que el legislador quedó en condiciones de declarar y así poder defenderse ante fiscales que considera que no serán parciales la cita se demoró. Tanto que en tres oportunidades, durante 2024 reclamó formalmente a través de sus abogados poder saber de qué se lo acusa y así armar su defensa.
Cambiaron los fiscales acusadores pero no el tenor de las imputaciones formuladas antes de la pandemia, en 2020.
Tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, son algunas de las pesadas acusaciones -contenidas en más de 300 páginas- que recayeron sobre el otrora influyente dirigente peronista, quien tenía previsto comenzar a esgrimir su defensa este miércoles en el Centro de Justicia Penal.