Doce personas de entre 23 y 36 años más un hombre de aproximadamente 50 años —quien dijo no recordar su edad— fueron imputados ayer como integrantes de una asociación ilícita que simulaba accidentes de tránsito para luego reclamar reparaciones económicas a distintas compañías de seguro.

La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial ante los jueces Héctor Gabriel Candioti y Susana Luna.

De las 13 personas imputadas, cuatro son abogados, dos son estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía, uno es policía, uno es empleado de un hospital público de la ciudad de Santa Fe y los otros cinco son civiles.

Tal cual lo publicó La Capital en su edición del jueves, los hombres fueron detenidos tras once allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones de la capital provincial y un procedimiento en la comisaría 5ª de esa ciudad en el marco de una investigación tendiente a desarticular una banda de caranchos, como se les llama a quienes fraguan accidentes de tránsito para cobrar los seguros de las compañías.

Las fiscales del MPA les atribuyeron a los imputados la autoría del delito de asociación ilícita —a cuatro en calidad de organizadores y a los otros nueve como miembros— y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Además, dos de los abogados también fueron imputados como autores del delito de cohecho activo, y el policía como autor de cohecho pasivo.

Según se informó en la audiencia, los organizadores de la asociación ilícita son los abogados P. A. M., de 26 años; G. J. M., de 35; J. M. A. A., de 28, y el empleado del hospital que no recordaba su edad y cuyas iniciales son C. D. P.


Modalidad delictiva
Jiménez y Urquiza detallaron que los imputados formaron una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada a través de la cual denunciaban accidentes de tránsito simulados para luego reclamar reparaciones económicas ante las compañías de seguro. En tal sentido, agregaron que “el accionar delictivo venía cometiéndose desde junio de este año. De la información que pudimos relevar hasta el momento, los hechos ilícitos fueron al menos seis”.
Las fiscales explicaron que los organizadores de la banda delictiva buscaban personas que hubieran sufrido algún tipo de lesión y las presentaban como si esas lesiones hubieran sido provocadas en un accidente de tránsito. A su vez, buscaban a otra persona que fuera titular, poseedor o conductor de un vehículo asegurado en alguna compañía de seguros, a quien presentaban como el responsable de la colisión.

“Una vez que tenían a la presunta víctima y al presunto autor de las lesiones, realizaban y/o hacían realizar denuncias penales ante comisarías, destacamentos o en los centros territoriales de denuncias”, señalaron las funcionarias del MPA. Y explicaron que la banda “brindaba información falsa acerca del lugar, la fecha y la modalidad del hecho que denunciaban, acerca de las personas intervinientes, de las lesiones ocasionadas y de los daños materiales sufridos por los vehículos involucrados en las presuntas colisiones”.

A través de esos ardides hacían caer en error a funcionarios públicos provinciales, que extendían certificaciones, constancias o documentos que luego eran utilizados en presentaciones que hacían ante las compañías de seguro para reclamar dinero en carácter de reparación para los presuntos lesionados.


Prisión preventiva
De acuerdo a lo resuelto esta mañana, el tratamiento de las medidas cautelares para tres de los imputados se llevará a cabo en una audiencia a realizarse en el transcurso de esta semana en día y horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.
Las fiscales Jiménez y Urquiza adelantaron ayer que solicitarán la prisión preventiva de los imputados.

Por su parte, en relación al empleado del hospital público, se ordenó su prisión preventiva, medida cautelar que cumplirá de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud. Mientras tanto, las otras nueve personas recuperaron su libertad, pero deberán cumplir normas de conducta —entre ellas, la prohibición de contacto entre sí— mientras continúa la investigación de su accionar.