Cuando ocurren hechos tan conmocionantes para la sociedad en general y para la rafaelina en particular, uno comienza a preguntarse o mejor dicho, profundiza las preguntas, que ya viene realizándose en torno a donde está la punta del ovillo de estas situaciones tan complejas de vulnerabilidad donde niños y jóvenes dirimen sus conflictos a los tiros desvalorizando completamente su vida y no encontrando una pequeña luz que les permita en su corta edad preservar primordialmente su integridad.
Los ciudadanos comunes, ante este tipo de hechos comienzan a hacer oír sus voces buscando culpables y utilizando estas situaciones para descargar su ira hacia el poder político, policial, fiscal, exigiendo soluciones mágicas y rápidas para lograr seguridad, pero perdiendo de vista que en estos hechos también se pierdan vidas que en muchos casos aún se están iniciando.
En torno a esto es importante traer a la luz algunos datos que no son menores ante la gravedad de estos hechos. Quienes fueron partícipes del episodio que en la tarde de este jueves terminó con la vida de un joven de 20 años, no era la primera vez que protagonizaban hechos delictivos o de abusos de arma. Quien resultara víctima, tenía al menos tres hechos concretos de detención policial por delitos de abuso y portación indebida de arma de fuego y al victimario Franco S., se le conocen al menos cinco hechos, en los que la policía de la UR V, lo habría aprehendido por delitos de abuso de armas, lesiones leves culposas, infracción a la ley de estupefacientes, entre otros.
Porque traemos a colación estos datos ¿Por qué nos preguntamos cómo es posible que ante estos antecedentes estos jóvenes sigan estando en los contextos en los que viven? ¿Cómo operaron los estamentos territoriales y las Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia ante estés contextos de vulnerabilidad en los que el desenlace era más que previsible?
Cabe mencionar además que es poco lo que el poder político puede hacer ante esto, ni el propio Ministro de Seguridad podría accionar sobre cuestiones que le competen a la Justicia como poder independiente que conforma el estado.
Los organismos encargados de la toma de decisiones en cuanto los menores en situación de riesgo están ausentes por no decir que prácticamente no existen. La articulación entre estos organismos en los diferentes niveles, entendiendo en esto lo que le compete al gobierno local, al provincial y al nacional es prácticamente nula, y el análisis de las causas de esta falta de articulación seguramente tendrá mucha tela para cortar. En el medio de esto quedan los niños, adolescentes y jóvenes, víctimas y victimarios y también queda una sociedad consternada por la inseguridad, divida por los rencores ideológicos y hasta nos atreveríamos a decir nostálgica del abuso de autoridad, al que estamos seguros nadie quiere volver, pero ante tanta inoperancia de aquellos a los que les toca tomar las decisiones, brega por los cambios y la recuperación de la tranquilidad a como de lugar.