Policiales

En una controvertida audiencia recuperó la libertad un joven de 18 años

Las audiencias realizadas en los Tribunales rafaelinos en la tarde de este viernes en realidad fueron dos. Aunque consecutivas y con los mismos protagonistas: la Jueza Dra. María Cristina Fortunato, el Fiscal Diego Vigo, el abogado defensor Carlos María Flores y el imputado Diego Emiliano A. de 18 años. Este último venía cumpliendo una prisión preventiva desde el 31 de marzo acusado de 11 hechos. Hasta el 7 de mayo la medida la cumplió en la Alcaidía de Rafaela, mientras que luego se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, debido a los problemas psiquiátricos que presenta (y de adicciones) que lo habían llevado a intentar quitarse la vida y poner en riesgo la integridad física de los demás internos en varias oportunidades. En la primera audiencia de este viernes, el fiscal amplió la imputación sobre Diego Emiliano A. y lo acusó de 3 hechos más: de haber entrado a una casa en Santiago Shine al 800 el 4 de marzo y huir al ser descubierto (violación de domicilio), de haber ingresado a 4 casas más (J.V. Gonzáles al 3000, Baliño al 1400, Baliño 1300, España al 3000) el 29 de marzo (violación de domicilio reiterado en 4 oportunidades) y de haber roto un vidrio de una casa en J.V. González al 3000 y agredir a una mujer embarazada (daño y lesiones). Es decir que, con estos tres episodios más, los hechos atribuidos (que deberán ser probados) a Diego Emiliano A. suman 14. 

Segunda audiencia: la polémica
Sin pausa, con los mismos protagonistas y en el mismo escenario, comenzó la segunda audiencia, la que se denomina de Revisión de Medida Cautelar. Donde luego de vencido el tiempo de prisión preventiva, se revisa el estado de la causa para decidir si el imputado sigue preso o recupera su libertad mientras sigue el proceso judicial. Pero ésta no iba a ser una revisión más, dado que “el as” bajo la manga que tenía el fiscal era la comprobación mediante testigos y filmaciones, de que Diego Emiliano A. había violado la prisión domiciliaria y no estaba cumpliendo con los requerimientos judiciales. Para certificar esto, el Dr. Vigo llamó a dos testigos: Ariel Luque y Matías Díaz, jefe y subalterno respectivamente de la subcomisaría 1º ubicada en el barrio Monseñor Zaspe. El primero de ellos grabó en 2 ocasiones con su celular al imputado cuando andaba en bicicleta en inmediaciones de la subcomisaría en el mediodía de este viernes. Mientras que el segundo agente fue a la casa del acusado 4 veces el 23 de mayo pasado, entre las 7 y media de la tarde y la medianoche, y no lo encontró. En el primer hecho que terminó con la filmación, además los policías testigos contaron que hubo amenazas hacia el jefe de la dependencia del Zaspe, Ariel Luque, al que Diego Emiliano A. le habría dicho: “Gil cobani, yo te voy a prender fuego el auto, te va a caber el plomo”. 
Ante esta situación de violación de prisión domiciliaria, el fiscal Diego Vigo le pidió a la Dra. Fortunato que deje sin efecto a morigeración y dicte la prisión preventiva en una penitenciaría para el imputado. Además se dio un hecho llamativo ( y preocupante): el acusado en un momento cuando el testigo Luque estaba relatando lo sucedido, empezó a vociferar en medio de la sala e incluso se quiso levantar del banco, como si quisiera dirigirse a golpear al policía. Esto delante de todos los presentes, incluso de la jueza. 
La estrategia del abogado defensor
El Dr. Carlos María Flores es abogado del Ministerio Público de la Defensa, es decir, abogado del Estado que asiste en este caso a Diego Emiliano A. Su estrategia a la hora de pedir la libertad de su defendido se basó en decir que la prisión domiciliaria ya estaba vencida y que si bien no fue encontrado en su domicilio en algunas oportunidades, no sucedió así la mayoría de las veces. Aseguró además que en los hechos que se le imputan no existen pruebas suficientes para obtener alguna condena, y que de comprobarse todos los delitos de los que se le acusa a Diego Emiliano A., las penas serían de ejecución condicional (al tratarse de delitos considerados menores), por lo que otorgarle prisión preventiva sería ilegal. Además aseguró que su defendido en ningún momento quiso evadir la justicia o entorpercer la investigación ocultando pruebas. También señaló que tiene residencia fija y que no posee antecedentes penales. El Dr. Flores en otro momento apeló a la problemática social que vive Diego Emiliano A., mostrando fotos de su casa humilde asegurando que si se lo encarcela se lo debe enviar a Santa Fe (dado que en la Alcaidía no lo pueden tener por su problema de salud – adicción-) llevándolo lejos de la familia. Lo que podría empeorar su situación. Dados estos motivos, es que el abogado defensor le pidió a la jueza Fortunato que deje libre al imputado mientras siga el proceso judicial y propuso como medida alternativa que se presente una vez por semana en la Fiscalía o en la comisaría de su barrio a registrar la firma. 
Las situaciones controvertidas y el enojo del Fiscal Vigo
La audiencia ya no empezó bien. Debía comenzar a las 17 horas y lo hizo 15 minutos más tarde. El motivo: porque la hermana del imputado no llegaba; algo que no está previsto en la normativa vigente. La audiencia debió haber empezado igual, dado que no se trataba de una testigo anunciada como tal. Lo raro aún más, fue que esta mujer pasó en un momento al “banquillo” de los testigos de manera informal, sin ser llamada por el abogado defensor, sino por la jueza, la que tampoco le pidió que jurara decir la verdad. La Dra. Fortunato ya mostraba a esta altura su intención de dejar libre a Diego Emiliano A., por lo que la formalidad de la audiencia fue dejada de lado y también empezó a hablar con otra persona del público que sería quien ayuda en la contención del joven. Esta informalidad fue la que ofuscó al fiscal Dr. Diego Vigo, que además cuestionó la actitud de la magistrada de no haberle dado la posibilidad de hacer su descargo luego de la palabra del defensor. Esta recriminación fue tomada por la jueza como “una falta de respeto”. En su nueva alocución, Vigo expresó que entendía la vulnerabilidad del acusado, pero que él estaba para representar a las víctimas, que eran tan vulnerables como el imputado. Además recordó que una de las víctimas de violencia era familiar del propio acusado. También aseguró que la pena que podría recibir éste, si se comprueban los delitos, es mayor a la que presuponía el abogado defensor. 
La decisión de la jueza Fortunato
Finalmente la Dra. María Cristina Fortunato decidió dejar en libertad a Diego Emiliano A. imponiendo las siguientes medidas alternativas: que quede bajo el cuidado de su hermana, que todos los días viernes se presente en los Tribunales a registrar su firma, que se siga atendiendo en el Centro de Salud Nº 2 del barrio Barranquitas por su problema de salud y que se presente en los próximos días un tratamiento contra las adicciones. La audiencia, en un momento se tornó más en una ronda de consejería para tratar de buscar una solución a las adicciones del joven, que en una instancia judicial. Se entiende la buena intención de la jueza de ayudar al acusado en su recuperación y no confinarlo a una cárcel común, en lo que se supone sería un camino sin retorno. Lo que hay que preguntarse es si éste es el rol de un juez o si esta discusión se debería dar en otro ámbito del Estado. El cual está más que claro que se encuentra ausente en la contención y recuperación de este tipo de jóvenes que se ven inmersos en la droga. De hecho, en los minutos que se debatió qué hacer con Diego Emiliano A., no apareció ninguna solución concreta. Es decir, ninguna institución estatal que pueda ayudarlo de manera definitiva. También suena raro el fundamento por el cual al acusado se le dio en su momento el beneficio de la prisión domiciliaria: “porque ponía en riesgo la vida de los internos”. ¿Estando libre no pone en riesgo la vida de sus familiares y de los ciudadanos en general? De todas maneras, la Dra. Fortunato al dejarlo libre sabe a qué se expone, ya que así lo reflejó en sus dichos a hablarle al imputado: “Está bajo mi responsabilidad lo que usted haga”, señaló. 
La desmoralización policial
En varias ocasiones se cuestiona la falta de control que existen sobre los arrestos domiciliarios, pero este caso fue la excepción. Los agentes de la subcomisaría 1º del barrio Monseñor Zaspe cumplieron con su trabajo y compromiso social de denunciar y registrar que este tipo de beneficio que se le dio al imputado no se estaba cumpliendo. Al finalizar la audiencia, se notaba en sus rostros la desazón por entender que todo lo que hicieron no había servido para nada. Y que el tiempo que le restaron a la familia y a otras actividades (ya que ninguno de los agentes es de Rafaela y hoy debieron quedarse a declarar) no valió la pena. Es más, son los policías los que están amenazados por quien se encuentra hoy libre. Y seguramente se plantearán si la próxima vez les conviene hacer lo que hicieron o si no será mejor mirar para otro lado. La pregunta que cabe hacerse es: si el joven quiso increpar a los policías delante de la jueza, ¿qué actitud tendrá fuera de un juzgado? ¿Tendrá algún problema en cumplir sus amenazas de prenderle fuego al auto del oficial o balearlo?
La audiencia terminó con sensaciones distintas: con un fiscal no del todo conforme con la decisión de la jueza, un imputado que pareció no entender mucho lo que sucedía y que necesita ayuda urgente, una oferta de contención y recuperación de las adicciones precaria y rudimentaria que no terminó de definirse, policías (testigos) desmoralizados por considerar que su trabajo fue en vano, y una jueza con buenas intenciones, pero que sabe a lo que se expone con su decisión. La libertad es sólo una anécdota en este contexto y quizás no le sirva a nadie. Ni siquiera al acusado. Quizás la cárcel  tal como la conocemos hoy tampoco sirva, donde un pibe de 18 puede entrar en un camino sin retorno. Entre la libertad absoluta y el castigo despiadado, parece que no hay nada intermedio, sólo un Estado ausente que mira para otro lado. 

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