En el marco regulatorio para la actividad, el Estado tiene el papel de controlar a los distintos actores: generadores (electricidad) y productores (gas y petróleo), transportistas y distribuidores. La decisión política de congelar las tarifas subvirtió ese marco. Al ser alteradas las condiciones del contrato, las empresas dejaron de tener obligaciones, esto es: a cambio de la inmovilidad tarifaria, el productor ya no tuvo la obligación de invertir en explorar para asegurar que habrá gas y petróleo disponible (como exige además la ley de hidrocarburos) o el generador la de garantizar más electricidad; el transportista quedó desobligado de ampliar su capacidad de transporte y el distribuidor, de mejorar y extender los servicios a nuevos usuarios.
Esta breve descripción explica que Argentina haya pasado de ser exportador de energía a perder el autoabastecimiento. La sustitución de reglas claras que regulan la sostenibilidad de la actividad en función de medidas populistas, convirtió a la Argentina en un importador neto: hoy, de cada cuatro metros cúbicos de gas que consumimos, uno se compra en el extranjero; todo ello pese a que en nuestro territorio se encuentra una de las principales reservas gasíferas del mundo. Desde el 2003 hasta la actualidad, la producción de petróleo ha tenido una caída constante del 2,6% anual, pasando de 43 a 23 millones de metros cúbicos anuales.
En función del desabastecimiento y gracias a la ley de emergencia, dictada en 2003 y que pese a la década ganada fue prorrogada hasta finales de 2017, es que se posibilitó la contratación directa sin los mecanismos regulares de control y auditoría. Así, De Vido pudo comprar, sin licitación, 18.000 millones de dólares de gas licuado al Emirato de Qatar. Esta intencionada conducta de provocar y persistir en el desabastecimiento, hizo que el Estado mutara de controlador a contratista, aumentando la discrecionalidad y la oportunidad de corrupción. ¿Cuál fue el negocio para los argentinos de que el Estado le pagase al productor local 2 dólares el millón de BTU y hasta 18 ó 12 dólares a Qatar y Bolivia? ¿Es que acaso la intención era pagarle poco al productor local para desalentarlo en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, provocando así el desabastecimiento y justificando entonces la compra a precios ruinosos en el exterior?
La política de subsidios del gobierno anterior significó 24.400 millones de dólares para gas natural y 52.400 millones de dólares para electricidad. Gastar más de 75.000 millones de dólares no significó mejoras ni en la calidad ni en la cantidad del servicio: a la industria se le corta el gas en el invierno y la electricidad en el verano; no hay energía suficiente para atraer inversiones; cuatro de cada diez hogares no tienen acceso a la red de gas natural. ¿Sería lógico seguir con la misma política? Hoy, pretender continuar en este nivel de subsidios implicaría emitir moneda que crea inflación, o bien, tomar deuda que ya no podría destinarse a obra pública, seguridad, salud o educación.
En la actualidad se impone convocar a la responsabilidad de todos los argentinos, y especialmente a la de sus dirigentes. El objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético es la meta común. No pueden existir discrepancias en ello. Las formas, los modos deben consensuarse para garantizar tarifas justas y razonables, observando los principios consagrados en la legislación vigente de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad.