En la primera sesión extraordinaria del año en la Cámara de Diputados fue notorio el silencio de los diputados del oficialismo ante una interminable lista de críticas de la oposición que se plasmó en proyectos de comunicación y de resolución. El presupuesto tiene preferencia para ser tratado en la próxima sesión, pero para eso tendrá que haber diálogo político.


Los principales ejes donde hicieron blanco los cuestionamientos de la oposición fueron la política de seguridad, la discrecionalidad en el reparto de fondos y la gestión de la EPE, una de las mejores fuentes de recaudación de las gestiones provinciales.

La diputada socialista Lionella Cattalini, fue directo sobre la figura del gobernador Omar Perotti, a raíz de declaraciones periodísticas del rafaelino donde, dijo la legisladora, mandó a callar a la oposición. Cattalini directamente pidió saber cuál es el plan en seguridad que tiene el gobierno.

En ese sentido agregó: “La inseguridad es la principal preocupación de los santafesinos y santafesinas, y debería ser la primera ocupación de toda la política, por eso genera preocupación las declaraciones del propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien después de estar mucho tiempo en silencio frente a los distintos hechos que se suceden, vuelve a cargar y manda a callar a la oposición”.

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Cattalini, además, avanzó sobre la discrecionalidad en el reparto de fondos a los gobiernos locales y el beneficio directo a "los amigos de Perotti". Pero también dijo que eso se extiende a las partidas destinadas a los clubes y a los gremios, en referencia a fondos del Plan Incluir que se destinaron a UPCN. "Qué pensarán ATE, Amsafé y Siprus", se preguntó.

Antes, el diputado del PDP-FPCyS, Gabriel Real, había apuntado contra los intereses que cobra la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por las deudas de sus clientes. Algunas empresas se vieron afectadas por la pandemia y se les acumularon las facturas. Una resolución de 2014 fija en 2,90% el tope, pero hoy la EPe está cobrando el 5% mensual acumulativo. "Ni las tarjetas de crédito lo están haciendo", dijo Real.

Pero no fue la única crítica dirigida a la EPE. El radical Fabián Bastía (Evolución), quien fuera vicepresidente de la EPE en la gestión de Miguel Lifschitz, ingresó un extenso pedido de informe para saber, entre otras cosas, cuánto recaudó la empresa durante 2020 y 2021, a cuánto ascienden los créditos facturados que no se pudieron percibir, cuánta energía se consumió, cuánto se le pagó a Cammesa y a cuánto asciende la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA. Luego especificó que hubo 9.441 millones de pesos que la EPE le cobró a los santafesinos y no se los pagó a Cammesa. "Eso fue tomado por el ministro de Economía (Walter Agosto) y fue a rentas generales", aclaró.

"Queremos saber la verdad de la Empresa con los números sobre la mesa", dijo Bastía que también pidió conocer qué cantidad de cortes de energía hubo y cuál fue la duración de los mismos, ya que esos dos indicadores son los que marcan la calidad del servicio. El diputado recordó que durante la gestión anterior la EPE estaba primera en ese ránking a nivel nacional. Hoy les aseguro que eso cambió", dijo.

A esa altura el silencio del oficialismo ya hacía mucho ruido. El presidente del bloque, Leandro Busatto y el presidente del partido, Ricardo Olivera, las principales voces que defendieron a Perotti en sus primeros dos años de gestión, no se movían de sus bancas, pero tampoco hablaban. Y aún quedaba más.

Clara García (PS) tomó la palabra después de Bastía y siguió cuestionando la gestión de la EPE. Se refirió a los aumentos de tarifa de la energía y de cómo se desoyó a todos los participantes de la Audiencia Pública que se opusieron a los incrementos. Asimismo, la diputada dijo que en el aumento que se conoció hace 48 horas "hay una sorpresa". García dijo que además del aumento en febrero y en abril, hay una cláusula gatillo que se aplica en octubre. "Va a haber un tercer aumento", vaticinó y dijo que va a ser sin audiencia pública.

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Otro de los puntos donde se le pidió al gobierno provincial una intervención decidida fue en la causa Vicentín. Tanto Luis Rubeo (PJ), presidente de la comisión investigadora, como Carlos del Frade (FSP), miembro de la misma, dijeron que sin la intervención de los gobiernos provincial y nacional, la provincia de Santa Fe perderá inexorablemente a su principal empresa exportadora. Fuga de capitales, funcionarios nacionales que hicieron la vista gorda, dirigentes políticos que hicieron bandera para defender a Vicentin de una posible intervención estatal y que hoy se borraron, es el combo que describieron los legisladores y que aseguraron que terminará en la extranjerización del comercio exterior y eso producirá más pobreza para los santafesinos.

En el único punto donde hubo polémica fue en el proyecto de resolución presentado por Rubeo que pedía convocar al fiscal de Estado de la provincia, Rubén Luis Weder. El objetivo de la iniciativa es que vaya a explicar si pudo avanzar en el sumario que le ordenó el propio gobernador hace dos meses para investigar el supuesto espionaje ilegal por el que se acusa al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y a gran parte de su equipo de trabajo en esa cartera.

La que cuestionó esa resolución fue la diputada, también justicialista, Matilde Bruera. Dijo que la citación a Weder no tenía fundamentos porque los fiscales realizaron allanamientos sin ningún tipo de elementos, hace tres meses que están investigando y aún no pudieron presentar la imputación y que eso es muestra de que no tienen nada. "Los que deberían dar explicaciones son Baclini (Jorge, fiscal general de la provincia) y Arietti (Carlos, fiscal regional de Santa Fe)", dijo Bruera que aseguró que se está haciendo un escarnio público sin pruebas de personas honorables como Nadia Schujman, la abogada que integra HIJOS Rosario.

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La respuesta de Rubeo y de otros legisladores es que la instrucción del sumario fue pedido por el propio gobernador. En ese sentido, Bastía dijo que hay muchas pruebas y que a eso se debe la demora de los fiscales para imputar a las personas investigadas. Además, señaló que este mismo jueves llegó la notificación al presidente de su bloque, Maximiliano Pullaro, de que es víctima en esa causa.

Por su parte, Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS) dijo que hay que apoyar todas las investigaciones de los fiscales y que "no se puede ser selectivos", al referirse que también se tiene que sostener a los fiscales que investigan la red de juego ilegal. En esa causa los fiscales elevaron a la Corte Suprema el pedido de desafuero del senador Armando Traferri, que hace más de un año fue desestimado por el Senado.

En ese momento tomó por primera vez la palabra Busatto, quien pidió que se pase a votar el proyecto de resolución de Rubeo porque lo que estaba pasando en las argumentaciones era "una fantochada institucional".

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Del presupuesto 2022 no se había escuchado ni una palabra. Se votó una preferencia para que llegue al recinto en la próxima sesión, que puede ser la semana que viene o dentro de 15 días. Pero para que eso suceda tendrá que haber diálogo y voluntad política de todas las partes –algo de eso dijo el diputado Joaquín Blanco. Justamente sobre ese tema el martes pasado había sacado un comunicado el Comité Ejecutivo Provincial del PJ cruzando en duros términos a la oposición. Este jueves no se escuchó absolutamente nada.

La interna del PJ tensó la cuerda entre los sectores de Perotti y Agustín Rossi. De los seis diputados que integran el bloque oficialista ninguno es un perottista, mucho menos de la primera época. Por eso, por el momento, las peleas intestinas dejaron al gobernador sin banca en la Cámara de Diputados.