Es necesario atacar a Santa Fe, una importante provincia donde el kirchnerismo necesita crecer, luego de dos elecciones en las que salió tercero, y es prioritario para ellos destruir una gestión alternativa llevada a cabo por el Frente Progresista Cívico y Social, una experiencia distinta y superadora del modelo de partido único que impera en el país. Es así como el peronismo santafesino, en sintonía con la directiva del oficialismo nacional del "vamos por todo", evalúa diversos atajos para llegar al poder, ya lo ha dicho el presidente del PJ: no ven con malos ojos que el gobernador de la provincia sea apartado de sus funciones por una intervención federal. Y también es el mismo partido el que está impulsando en la legislatura provincial el regreso de la antidemocrática y nefasta Ley de Lemas.
Distintos medios adictos al aparato justicialista presentan a Santa Fe como caótica y desmadrada, y los dirigentes kirchneristas -que niegan sistemáticamente la inseguridad cuando se habla de la realidad nacional- de repente hacen cola para referirse al tema. La inseguridad es una cuestión que siempre reditúa en términos políticos, y que vende mucho en términos periodísticos, por lo que les representa un “negocio redondo” ya que es una de los temas que preocupa en primer término a los ciudadanos de nuestro país, y de muchos países del mundo.
A esta estrategia se ha sumado recientemente el intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien además de montar shows mediáticos pidiéndole -frente a las cámaras- gestiones al Ministro de Seguridad de Santa Fe, participó de una marcha de intendentes y presidentes comunales (todos del justicialismo) que “pedían seguridad” al gobernador Antonio Bonfatti. Si bien la movilización fue muy deslucida por la pobreza de sus planteos y de su convocatoria, nos parece significativa, pues muestra el manoseo que realizan algunos sectores políticos de una materia tan sensible como lo es la seguridad, que debiera ser política de estado y quedar resguardada de las estrategias electorales.
Llama la atención que los intendentes y presidentes de comunas del PJ marchen, se movilicen, cuando son sobradas las muestras de diálogo, la actitud de apertura y los canales de comunicación directos que tienen todos los intendentes y presidentes comunales con el Gobernador Antonio Bonfatti. Una gestión que articula, que construye, que garantiza participación, que se hace presente en el territorio, que camina a la par de las autoridades locales, que las convoca a sus mesas de diálogo, a sus asambleas ciudadanas, a encuentros de trabajo.
Castellano nunca se refirió a la seguridad cuando en Rafaela había zonas liberadas, ni cuando los policías eran “formados” en sólo tres meses de instrucción y entrenamiento. Tampoco apoyó públicamente la reforma en el sistema de elección de jueces impulsada por Hermes Binner, que designa magistrados idóneos y no elegidos a dedo. Sin embargo, el intendente de Rafaela decidió sumarse a la marcha mediática. Si su preocupación es bien intencionada y genuina, queremos pedirle públicamente que opte por no focalizarse tanto en operaciones sectarias.
Un eje central en la lucha contra la inseguridad es combatir el narcotráfico. ¿sabrá el INtendente Castellano que este es un delito federal, por tanto, competencia de la policía federal y de la justicia federal? Sin embargo, en territorio santafesino tenemos los mismos jueces federales que en el año 1974, y la policía federal ha detenido a una cantidad de sospechosos por narcotráfico diez veces menor que la policía provincial.
Desde el Centro Socialista de Rafaela creemos necesario y fundamental para buscar una solución profunda a esta problemática, que Santa Fe no sea -nuevamente- abandonada por el estado nacional. Existe un Ministerio de Seguridad en dicho gobierno, pero nos parece inadmisible y antidemocrático que la ministra Garré no haya recibido nunca al Ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto. No es algo que le suceda al Intendente de Rafaela ni a sus secretarios con el gobierno de la provincia, cuando necesitan realizar una consulta, planteo o por qué no aporte o crítica constructiva.
Las fronteras nacionales están liberadas, y la droga ingresa a Santa Fe por provincias limítrofes. Asimismo tenemos jueces federales sospechados y enriquecidos, y un sistema legal que otorga facilidades para el lavado de dinero. ¿No sería mejor que quienes hoy embisten contra la provincia de Santa Fe hagan llegar algún reclamo a sus compañeros de partido que se desempeñan en diversos cargos del Gobierno Nacional? Si les interesara el tema, se podría avanzar sin lugar a dudas. Así como el vicepresidente Amado Boudou vino a la ciudad a inaugurar diez cuadras de pavimento o entregar netbooks a los estudiantes secundarios, también necesitamos que vengan la Ministra Nilda Garré para dar la cara, afrontar el problema, dialogar con la gente, realizar una audiencia pública o una asamblea ciudadana. Si el responsable de la cartera de seguridad de la provincia participa en las asambleas ciudadanas y habla cara a cara con víctimas de la inseguridad, sin importar la presencia o no de las cámaras, ¿por qué las autoridades nacionales no pueden hacer lo mismo?
¿No es lamentable que Agustín Rossi, Diputado de la Nación, se haya levantado y retirado de manera violenta cuando hace unos meses fue convocado a dialogar por el Gobernador de la Provincia? ¿No es lamentable verlo organizando marchas en Rosario contra la inseguridad, en lugar de exigir con firmeza a la Presidenta de la Nación - de su mismo partido - o a la Ministra Garré, que convoquen a las provincias a trabajar juntas para solucionar este problema? ¿Cómo imaginarán estos representantes que se puede trabajar en el diseño de una política pública cuya competencia y responsabilidad involucra a todos los niveles de gobierno?
Con respecto al responsable del SEDRONAR, Rafael Bielsa, también justicialista, ex candidato a gobernador, no sabemos de políticas significativas que haya llevado adelante en Santa Fe, mas allá de un convenio con la Municipalidad de Rafaela que no trajo ninguna solución.
Lamentamos también que Gendarmería -fuerza utilizada para cuidar el bastión peronista que es el conurbano bonaerense- se haya retirado de nuestra provincia. Nos parece muy grave que no custodien el tráfico de estupefacientes que puede darse en los miles de kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
Nuestro llamado es a no utilizar el dolor de un flagelo social para un juego político que busca desestabilizar a Santa Fe. Nuestro pedido es una política de seguridad articulada entre Nación, Provincia, y municipios y comunas. Ese ha sido el modelo que funcionó en otras partes del mundo, nuestro planteo es que, así como el intendente Luis Castellano y el diputado Omar Perotti se jactan de conseguir créditos subsidiados para el sector industrial o stands en Tecnópolis, pongan todo su esfuerzo en traer a las autoridades nacionales a trabajar por Rafaela y Santa Fe, que también forman parte de la Argentina.