La decisión del gobierno nacional de intervenir Vicentín como primer paso hacia la expropiación del gigante cerealero gatilló una oleada de repercusiones de actores políticos, empresarios y sindicales y, al igual que sucede a nivel nacional, también en la provincia trazó una grieta entre quienes defienden la medida como un acto de soberanía y quienes ven una movida que pone en riesgo de la seguridad jurídica en el país.

Después del apoyo del gobernador Omar Perotti a la decisión, el senador nacional Roberto Mirabella manifestó: "Estamos rescatando a una de las principales empresas privadas del sector agroindustrial. Si no se hacía esto íbamos a una catástrofe del sistema productivo provincial y nacional. Le prestaron 300 millones de dólares sin avales para que hoy termine quebrada".

"Me parece estratégico que el gerenciamiento esté dentro de YPF porque es una de las empresas más importantes que tiene la Argentina, tiene un gran gerenciamiento y eso me pareció muy inteligente", señaló el legislador, de estrecho vínculo con Perotti.

El presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, escribió en su cuenta de Twitter: "La decisión de Alberto Fernández evita que una de las principales empresas argentinas pase a manos extranjeras y garantiza la presencia del Estado en una actividad central, permitiéndole ser parte del sector alimentario. Es una decisión estratégica de cara al futuro".

En tanto, desde la oposición exhibieron una postura crítica. El titular del bloque del Partido Socialista en el Cámara baja provincial, Joaquín Blanco, cuestionó la ausencia de Perotti en la conferencia de prensa realizada el lunes, en la que el jefe del Estado anunció la intervención de la empresa. "El gobierno de Santa Fe está ausente en los temas estratégicos", disparó el legislador en las redes sociales. Y agregó: "Si Perotti se enteró de la decisión de expropiar Vicentin por los medios es grave. Si lo sabía de antes y no acompañó al presidente es más grave".

Por su lado, el ex intendente santafesino José Corral aseguró que la decisión de la administración Fernández es "una mala noticia". El radical y ex candidato a gobernador por Juntos por el Cambio calificó de "ilegal" el procedimiento utilizado por el gobierno para tomar el control de la empresa. La diputada provincial Amalia Granata (Somos Vida) sostuvo que la intervención de Vicentín "es otra muestra de la deriva populista del gobierno de Alberto y CFK", consideró que es inconstitucional y advirtió que pone en riesgo futuras inversiones.

En el otro extremo del espectro político, el diputado provincial Carlos del Frade (FSP-Ciudad Futura) expresó en una entrevista radial: "Es un anuncio que nos da mucha alegría y es histórico, porque Santa Fe por primera vez se mete en la discusión nacional sobre dos temas fundamentales: la exportación y el manejo financiero, la producción santafesina debería tener este rol en la política nacional".

Reacciones contrapuestas

Sin embargo, la medida también generó reacciones diversas entre las entidades gremiales, sobre todo las del sector.

Por caso, las asociaciones que integran la Mesa de Enlace expresaron posiciones divergentes. La Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmó que ve "con suma preocupación" la intervención y eventual expropiación del grupo Vicentín y argumentó que "la historia demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar".

En la misma línea, el titular de CRA, Jorge Chemes, señaló: "No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país. A lo largo de la historia, se ha visto que el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas. Y ha quedado demostrado que no ha sido eficiente. Todo lo contrario, ha sido un sector de corrupción".

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó ayer su esperanza en que la intervención a la cerealera no resulte un "pasamano de una empresa concentrada privada a otra empresa privada" y reclamó participación para los pequeños y medianos productores.

Por el contrario, las entidades gremiales de los trabajadores celebraron la medida del gobierno. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines confió en que la compañía "tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos".

Para la Federación de Aceiteros, "esta intervención debe ser un caso testigo en esta coyuntura de crisis, y la actuación decidida del Estado en protección de los puestos de trabajo".