La norma garantiza el acceso al agua potable como derecho humano, a la vez que promueve el uso adecuado de la misma.
El proyecto –de 200 artículos- aborda el agua desde diferentes enfoques. Fue elaborado y consensuado con el aporte y el debate de legisladores, académicos y especialistas en la temática
Establece como principal autoridad de aplicación al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, y en algunos casos también a las áreas de Medio Ambiente o Salud.
Omar Martínez sintetizó “era una deuda que tenía la Provincia. Seguramente el Senado lo convertirá en ley a este proyecto en la próxima sesión”
El legislador describió “en el recinto, se detalló sobre la potestad del Poder Ejecutivo para expropiar áreas involucradas en obras de infraestructura. También establece la posibilidad de poder actuar inmediatamente cuando alguna obra de un particular afecta la seguridad pública, las características de una cuenca hídrica. Debe estar autorizada, precedida de estudios hidrológicos, de impacto ambiental. Prohíbe la utilización del curso del agua –desviarlo, construir represas para retenerlo- con finalidad no colectiva sino en beneficio de un particular”.
Martínez resaltó además que “el diputado Rubén Galassi fue claro en el recinto al recordar que en estos últimos diez años se fueron realizando importantes inversiones, cerca de 9000 millones de pesos en el sistema integral de acueductos. Se está comenzando a concretar, con un proceso licitatorio que está en marcha, la obra individual más importante que tiene la Provincia: la segunda etapa del Acueduto Desvó Arijón hacia Rafaela”.
 
Los usos del Agua
Uno de los temas que subraya la ley es que la propiedad de agua de subsuelo y aprovechable es de la provincia como así también su uso, tanto social como productivo.
Entre estos últimos plantea el uso minero del recurso con la prohibición explícita de una técnica denominada fracking: un sistema cuestionado que dispone la fractura hidráulica para la perforación que permite la extracción de hidrocarburo
La norma regula las cuencas interjuridiccionales, con una gestión adecuada entre provincias involucradas y Nación, el planteo de un Plan hídrico de 5 años, la creación de un sistema de gestión contra las inundaciones y sequías, (sistema de alertas, por ejemplo).
Prevé la constitución de cuencas con la participación de usuarios, la Provincia, comunas, municipios, con carácter consultivos a organismos nacionales, Colegio de Profesionales, entre otros