Un Proyecto de Iniciativa Popular del grupo Rafaelinos por la Vida que lleva la firma de alrededor del 2 % de la población de Rafaela se votaría en una sesión extraordinaria este miércoles 19, después de 90 días de haber sido presentada y no habiendo sido tratada formalmente en Comisión, más allá de una breve lectura de la misma y dos reuniones sucesivas con representantes de quienes la elaboraron por un lado y de la Asamblea Feminista por otro. Cabe mencionar que el proyecto llevaría la firma de alrededor de 2300 rafaelinos, sobre una población estimada de 110.000 habitantes. De esas 2300, según datos a los que accedió RAFAELA NOTICIAS, de manera extraoficial, unas trescientas firmas habrían sido descartadas por ser ilegibles o tratarse de personas que no figuraban en el padrón oficial.
Todos estos datos ponen en evidencia que la representatividad del proyecto dista mucho de ser la de una porción importante de rafaelinos aunque los ediles señalen que se basaron en la Ley Nacional que rige este tipo de iniciativas para dar curso a la misma y de allí la urgencia de sus mentores para que se vote e en una sesión extraordinaria, convocada podría decirse “de urgencia”, cuando el proyecto lleva 90 días de presentado y podría haber sido tratado en otros tiempos legislativos y en una sesión ordinaria junto a otros proyectos. Trascendidos señalan que los integrantes del grupo Rafaelinos por la Vida habrían solicitado en los últimos días a los concejales el tratamiento, ya que se vencían los plazos que norman este tipo de iniciativas y esto llevó a los ediles a decidir la convocatoria de esta sesión extraordinaria del día miércoles. Nos preguntamos porque dicha votación no puede realizarse en la sesión ordinaria del jueves y se decide hacerlo, podríamos decir de manera solapada ya que, entre otras cosas, en el tratamiento de las modificatorias del proyecto, por ejemplo, no se convocó a los medios como habitualmente se hace con todas las reuniones de Comisión.
Otro dato a tener en cuenta y poco feliz para el rol de los ediles da cuenta de una reunión que sostuvieron de manera privada con un profesional de la abogacía quien por iniciativa propia se acercó al Concejo a señalar algunos puntos del proyecto indicando a los representantes locales sobre que podían legislar y sobre que no, como consecuencia de lo cual varios de los artículos habrían sido descartadas o modificados.
Más allá de la coincidencia o no con el proyecto presentado, consideramos que su tratamiento no fue el adecuado teniendo cuenta que se trata de un tema sobre el que las posturas generan serias diferencias entre quienes adhieren desde una visión progresista a la garantía de derechos y aquellos que conservan una postura en sentido contrario.
Una vez más la mediocridad de este concejo , que ya hemos señalado en otros momentos, se pone de manifiesto en idas y vueltas entre sus integrantes que dicen y se desdicen generando un panorama que hace dudar de su capacidad de constituir un órgano independiente y democrático que vele por los intereses de todos los habitantes de la ciudad.