Mientras el país entero se conmueve por la tragedia de Bahía Blanca, y se muestran rutas colapsadas por una inundación catastrófica y uno de los principales puertos del país sin vías de acceso debido al derrumbe de puentes y a la destrucción de la infraestructura de comunicaciones, Vialidad Nacional confirmó oficialmente que desertará de cualquier tipo de inversión en el mantenimiento de las rutas. En ese contexto, quedó oficialmente abandonada la terminación de la obra de conversión de la RN 34 en autopista en el tramo entre Ataliva y Sunchales, que tiene un importante grado de avance pero se encuentra completamente paralizada desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.
"Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución por las razones expuestas", admitió el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en una nota que envió este viernes a todas las gerencias de la repartición
Así, el funcionario orden dar de baja todos los contratos cualquiera sea la modalidad, ya sea "por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo". De esta manera, las ya muy deterioradas rutas nacionales agravarán su deterioro al punto de volverse intransitables, como de hecho ya está pasando con varias de ellas.
El domingo a última hora, luego que tomaran estado público estas comunicaciones internas sucedidas en el mismo día de la catástrofe de Bahía Blanca, Vialidad Nacional difundió una comunicación oficial sobre el tema. Intentó decir que las obras continuarán, pero en realidad ratificó la sentencia de muerte de los proyecto que se encuentran paralizados, como sucede con la RN 34.
"En el marco de los parámetros establecidos por la Ley Bases para la continuidad de las tareas viales, todas las intervenciones iniciadas o próximas a iniciar sobre las rutas nacionales de todo el territorio nacional continuarán se curso normal", dice en su primer párrafo esa comunicación
Sin embargo, luego viene lo sustancial: "No obstante, se ha iniciado un procedimiento para realizar el cierre administrativo de aquellos contratos que se encontraban paralizados y que no han sido reactivados al largo de un sinfín de gestiones que utilizaron los fondos públicos de forma deficitaria".
El caso de la RN 34, parece incluida en el "sinfín de gestiones que utilizaron loso fondos públicos de forma deficitaria", un eufemismo que esconde la decisión oficial de no invertir en ningún tipo de mantenimiento ni mejoramiento de las carreteras nacionales. Lo que es peor: tampoco se transfieren las jurisdicciones a las provincias, como sucede en el caso de Santa Fe, que viene reclamando que se le pasen esas rutas para poder ejecutar obras mínimas que permitan preservar la vida de quienes circulan por ellas.
Para que no queden dudas, dice el parte oficial de Vialidad: "Cabe destacar que en aquellas secciones donde existen contratos vigentes, aunque los mismos estén paralizados, no es posible celebrar nuevos contratos que permitan generar las condiciones necesarias para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles".
Ahora, resta esperar la reacción de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la región, que en agosto pasado se reunieron en Sunchales para exigir que Nación dé respuestas sobre las obras paralizadas en la 34, que se han convertido en un verdadero peligro para la circulación. Incluso inversiones tan menores como el corte de malezas y la iluminación de los accesos a Rafaela no se realizan, generando peligros relevantes en la seguridad vial.