El aumento sostenido de las medidas cautelares de prisión preventiva y las condenas efectivas dictadas en los últimos años, han puesto en crisis el sistema penitenciario provincial, por lo cual las Alcaidías de las Unidades Regionales continúan cumpliendo el rol de lugares de encierro relativamente prolongado. La Alcaidía de Rafaela ubicada en pleno centro de la ciudad (dentro de la Jefatura) no es la excepción. Hasta el martes pasado (el número va variando) los internos alojados en la Alcaidía eran 83, cuando debería haber 46 según lo fija una resolución de habeas corpus interpuesta oportunamente por el Ministerio Público de la Defensa. Pero este tema no solamente preocupa al organismo mencionado, sino también a la otra parte: los fiscales. Que año tras año en el informe de gestión vienen planteando la necesidad de que la jurisdicción que abarca los departamentos Castellanos, 9 de julio y San Cristóbal cuente con una cárcel. "Se observa con buenos ojos que las comisarías hayan reducido al mínimo el alojamiento de los detenidos y cautelados, pero ello ha agregado más presión a aquellas (alcaidías), por lo cual la solución que parece más satisfactoria para todos los involucrados es la construcción de un establecimiento penitenciario en esta circunscripción", expresa el informe de este 2021 y que insiste con el tema por cuarto año consecutivo. Para los fiscales, no existe posibilidad de que en las condiciones actuales se pueda "promover la resocialización de los condenados", ya que en el lugar no hay equipos interdisciplinarios de profesionales (médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc.), ni áreas adecuadas para la realización de actividades laborales y para los encuentros con sus familiares. El Ministerio Público de la Acusación pide participar de la discusión política de construir un establecimiento penitenciario en la región, y asegura que la dilación de esta decisión no hace otra cosa que afectar "la eficiencia del sistema penal local". Algo que quedó demostrado incluso durante el período de pandemia, donde los abogados defensores presentaron sucesivos recursos de amparo solicitando beneficios para sus defendidos argumentando que no están dadas las condiciones sanitarias en la Alcaidía de Rafaela para que sigan detenidos . "Asimismo, a pesar de los controles periódicos por las partes involucradas, el alojamiento de imputados con prisión preventiva en las Alcaidías genera riesgos en cuanto a la seguridad dentro y fuera del edificio y muchas veces superpoblación, considerando que en la ciudad de Rafaela se alojan también menores de edad (en celdas especiales) y detenidos del fuero federal", advierten los fiscales.
Idas y vueltas de un debate sin concreciones
Una "cárcel" en Rafaela se había licitado y adjudicado en el 2005. Se llegaron incluso a abrir los sobres de lo que se iba a llamar la Unidad XV: un penal para 240 internos varones. La adjudicataria había sido la empresa Regan S.A. y la obra costaba 20 millones de pesos que provenían de los erarios provinciales. Iba a estar ubicada al final de Av. Italia- cerca de la conocida perrera municipal- en terrenos donados por el Estado local. La intención por ese entonces era descongestionar el resto de las cárceles de la provincia. Finalmente, el entonces intendente de Rafaela Omar Perotti, hoy gobernador, pidió que la obra no se realice ante la resistencia de la población en su momento. Siendo Binner el gobernador, y quien intentó retomar el proyecto original, que había sido de Obeid.
La jurisdicción de la Fiscalía Regional V abarca, además del departamento Castellanos, los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal. Por lo que la unidad penitenciaria también podría ubicarse en cualquiera de estas jurisdicciones, si bien Rafaela es el principal asiento judicial, por lo que sería más práctico que esté en esta ciudad para las cuestiones administrativas. Pero ante la negativa social - política de que la cárcel se construya en Rafaela, el gobierno provincial en las gestiones socialistas intentó proponer lugares alternativos donde levantarla. Así apareció un terreno de 5 hectáreas en Bella Italia que pertenece al Estado provincial, y terrenos privados en Nueva Lehmann disponibles para la compra, pero nada de eso prosperó.
En el año 2016, el Senado provincial dio media sanción a un proyecto de Ley para la construcción de una nueva unidad penitenciaria, exclusiva para detenidos sin condena, asegurando la iniciativa que "el edificio actual está sobrepasado en su capacidad y no se cumplen con las condiciones de alojamiento requeridas". La propuesta había sido autoría del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y fue acompañada en su momento por sus pares de San Cristóbal y 9 de Julio, Felipe Michlig y Raúl Gramajo respectivamente, en función de que las tres jurisdicciones, en conjunto, concuerdan territorialmente con la Circunscripción Judicial Nº 5. Pero todo quedó ahí y el tema sigue aún sin una resolución de fondo. En la actualidad a lo único que se apela es a realizar traslados, a veces masivos, de detenidos a las penitenciarías de Las Flores o Coronda para descomprimir la situación local, pero al poco tiempo la Alcaidía vuelve a estar saturada y el problema sigue vigente.