Esta medida, lejos de ser parte de una política estable de estímulo a la producción, responde únicamente a la urgente necesidad de acumular reservas y exhibir el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, al constituir una acción de corto plazo (vigente únicamente durante el mes de septiembre en curso), que no contempla los efectos negativos que tiene sobre otras actividades productivas, aumentará los costos en la cadena agroindustrial y sólo producirá un efímero alivio en las cuentas fiscales, pero se trasladará a la inflación en los meses venideros. 
Paralelamente, genera distorsiones en otros aspectos, tales como la fijación de arrendamientos y hasta en las producciones regionales, distintas carnes, leche y el costo de energías alternativas
Subyace una inequidad con las demás actividades productivas del agro argentino, al dejar anclado el valor del dólar oficial. 
Destacamos que lejos de celebrarlo, las provincias se ven afectadas en sus ingresos por los derechos de exportación (retenciones) que le son aplicados a los productos del campo, y que se transfieren de manera directa al Estado nacional.
Hay productores que podrán hacer uso de la opción que se les presenta para cancelar obligaciones y anticipar decisiones productivas y financieras, pero la medida no representa en manera alguna la posibilidad de un cambio definitivo para las necesidades del conjunto, y los resultados tendrán un efímero efecto.
Desde CARSFE, requerimos que el gobierno genere una visión de largo plazo consensuada con el sector agropecuario, que promueva la diversificación productiva para generar equidad en el esfuerzo, equilibrio en lo económico y sostenibilidad en cuanto a la protección del suelo y del ambiente.