En el marco de una acción de amparo colectiva a instancias de un grupo de vecinos de Sastre y Ortiz (representados por la Defensoría General de Rafaela) se hizo lugar a la demanda entablada estableciendo un perímetro o "área de reserva" de 1000 metros desde el límite urbano de esa localidad donde, además, se prohíbe la aplicación de todo tipo de agrotóxicos.

La resolución judicial se funda básicamente en la prueba científica aportada a través de un informe de equipos científicos de la UNR (Universidad Nacional de Rosario) y los aportes de un biólogo de la provincia de Entre Ríos (entre otros elementos de prueba producidos en el proceso).

Los argumentos se concentran en la aplicación del principio precautorio y la tutela judicial efectiva frente a la incertidumbre que en el campo científico aún persiste en materia de daños a la salud ocasionados por algunos agrotóxicos.

Para conocer el detalle del fallo que los vecinos consideran “histórico”, Rafaela Noticias entrevistó a Ruth Oitana, integrante de la “Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente”, una de las organizaciones sastrenses que encabezó el movimiento contra los agrotóxicos en esa ciudad. 

Durante la entrevista telefónica, Ruth aseguró que sienta un precedente importante, aunque se mostró cautelosa ya que el fallo de primera instancia aún puede ser apelado. 

“Fueron dos años de estar remándola” dijo la vecina, al tiempo que relataba que la Municipalidad de Sastre (gobernada por el Frente Progresista Cívico y Social) y los productores rurales habían sido los principales opositores a la iniciativa de liberar a la ciudad de los agro tóxicos. 
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