El Gobierno nacional oficializó una drástica reestructuración del programa histórico Remediar, reduciendo de 128 a solo seis los medicamentos esenciales que distribuye de forma gratuita a casi 6.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en todo el país. La medida, dispuesta por la Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 1447/26, redefine el marco de asistencia pública y reconvierte el esquema sanitario nacional bajo la denominación de Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030.

Con este nuevo enfoque, la cobertura provista por el Estado nacional se acota prioritariamente al tratamiento de patologías cardiovasculares. Entre las drogas que permanecerán dentro de la canasta distribuida en los botiquines figuran la aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina, justificadas desde el ámbito oficial por tratarse de la principal causa de mortalidad en el país.

Por el contrario, quedaron excluidos del vademécum nacional más de un centenar de insumos de alta demanda de la atención primaria comunitaria. Entre los fármacos dados de baja se encuentran antibióticos (como amoxicilina y azitromicina), tratamientos para enfermedades crónicas prevalentes (metformina para la diabetes y levotiroxina para patologías tiroideas), analgésicos, antialérgicos, corticoides, tratamientos pediátricos, suplementos y medicamentos de salud sexual y reproductiva (como anticonceptivos e implantes).

La resolución genera una fuerte preocupación tanto en los gobiernos provinciales como en los municipios, que deberán asumir con erogaciones propias la adquisición de las drogas excluidas para evitar la interrupción de tratamientos en sus redes locales. Autoridades sanitarias y referentes territoriales advirtieron que este escenario incrementará la presión sobre los presupuestos locales y profundizará las disparidades entre distritos según sus posibilidades financieras para sostener la farmacia pública comunitaria.