La Red de Instituciones por la Producción Rosario expresó su firme rechazo a la asimetría en la distribución de subsidios al transporte público de pasajeros. La postura surge tras la publicación de la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante la cual el Gobierno nacional giró fondos multimillonarios para financiar el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde la entidad empresarial alertaron sobre las consecuencias negativas que esta decisión trae para el interior del país, puntualmente en la ciudad de Rosario, donde la tarifa del colectivo ya alcanzó un costo de $2.150 por viaje.
La brecha en la recaudación y distribución
La normativa nacional oficializó el envío de más de $450.000 millones de pesos durante un período de cuatro meses para el esquema del AMBA. Sin embargo, los referentes de la organización civil remarcaron que esos fondos se recaudan a nivel federal mediante el impuesto a los combustibles, pero sufren una repartición marcadamente desigual.
Según las estimaciones presentadas por la red, en 2025 Rosario aportó cerca de $69.000 millones a través del tributo a los combustibles, pero obtuvo a cambio tan solo 30 centavos por cada peso aportado al sistema centralizado.
Impacto directo en la economía y usuarios
El escenario plantea una profunda brecha de costos que afecta directamente a los usuarios locales: el pasaje en Rosario cuesta casi tres veces más en comparación con las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Esta diferencia tarifaria debe ser compensada de manera conjunta por los pasajeros, el municipio de Rosario y el gobierno de Santa Fe.
De esta manera, los representantes del sector productivo advirtieron que el encarecimiento constante del traslado diario golpea los presupuestos de trabajadores y estudiantes, incidiendo negativamente en la estructura general de costos de la producción regional.
Frente a esta coyuntura, la propuesta de las instituciones rosarinas no exige un aumento en la masa global de subsidios, sino una redistribución basada en criterios objetivos y proporcionales, considerando el volumen real de pasajeros transportados en cada jurisdicción del país.
Por último, emitieron un llamado a los gobiernos provinciales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil para consensuar un nuevo acuerdo federal que garantice un trato equitativo para todas las provincias.
Fuente: La Capital
