Luego de la seguidilla de amenazas a instituciones educativas registrada durante abril, tras el homicidio de un adolescente en una escuela de San Cristóbal, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe puso en marcha un mecanismo para reclamar a los responsables el costo de los operativos desplegados en cada caso.

La medida consistió en identificar a quienes realizaron las amenazas y notificar a los adultos responsables para que afrontaran los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad.

Cuántas sanciones fueron pagadas

Desde la implementación del sistema, durante los últimos días de abril y el mes de mayo se notificó a 53 personas por un monto total estimado en $139.429.864.

Sin embargo, únicamente se registraron seis pagos, que suman $9.824.430, lo que representa apenas el 7,2% del total reclamado por la Provincia.

Las notificaciones se distribuyeron en distintas unidades regionales, con mayor cantidad de casos en San Lorenzo, Rosario, La Capital y Las Colonias, además de otros departamentos del territorio santafesino.

En cuanto a los pagos, Rosario registró uno, San Lorenzo tres, La Capital uno e Iriondo uno.

Qué ocurre cuando no se paga

El Gobierno provincial informó que, cuando las familias no cumplen con el pago de la sanción, interviene la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

Ese procedimiento puede derivar en medidas como embargos de salarios, inhibiciones de bienes y otras acciones patrimoniales destinadas a recuperar el dinero invertido en los operativos.

Cómo funciona el procedimiento

El mecanismo administrativo solo puede iniciarse una vez que existe una causa penal en trámite, con intervención del Ministerio Público de la Acusación y la correspondiente comunicación al Ministerio de Justicia y Seguridad.

A partir de allí se calcula el costo del operativo, que varía según el despliegue realizado, la participación de bomberos y otros recursos utilizados. Luego se notifica personalmente a los adultos responsables de los menores involucrados y se informan las cuentas oficiales para efectuar el pago.

Disminuyeron las amenazas

Desde la Provincia señalaron que, tras la puesta en marcha del sistema de recupero de gastos, la cantidad de amenazas descendió de manera significativa.

Mientras en los primeros días se registraban alrededor de 80 denuncias diarias, esa cifra se redujo primero a unas 15 por jornada hasta llegar posteriormente a cero.

De acuerdo con el Gobierno, la medida buscó desalentar este tipo de hechos y, al mismo tiempo, recuperar el dinero destinado a los operativos de seguridad. Mientras el primer objetivo se cumplió, la recuperación de los fondos continúa siendo baja.

Cuestionamientos al sistema

El procedimiento también generó presentaciones judiciales por parte de abogados de algunas familias notificadas.

Entre los planteos realizados, se cuestionó la aplicación de la figura penal de amenazas en estos casos y se sostuvo que el Estado no podría exigir el cobro de estas sumas sin una investigación judicial previa y una resolución de un juez.