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Tras declarar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de un alto funcionario, su escribana tomó una inesperada decisión fiscal

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, se adhirió al nuevo régimen de Ganancias ante ARCA tras declarar en la causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete.

La escribana Adriana Nechevenko, encargada de certificar las transacciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorporó oficialmente al Régimen Simplificado de Ganancias. La medida generó repercusiones debido al contexto judicial que atraviesa el entorno del funcionario.

Según registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la adhesión de la profesional quedó asentada el pasado 22 de mayo de 2026. Esta decisión administrativa se concretó pocas semanas después de su intervención en los tribunales federales.

Declaración judicial y propiedades bajo la lupa

Nechevenko había brindado declaración testimonial el pasado 8 de abril en el marco de la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En esa instancia, la escribana ratificó que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, son sus clientes habituales.

Ante la Justicia, la profesional aclaró que su labor se limitó exclusivamente a certificar las escrituras de compra y venta de inmuebles en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, deslindando responsabilidad sobre el origen de los fondos.

Los alcances del beneficio impositivo

La opción por las "Ganancias Simplificadas" coincide con la estrategia adoptada por el propio jefe de Gabinete y su cónyuge. Este esquema fiscal, enmarcado en la Ley de Inocencia Fiscal, exime a los contribuyentes de detallar consumos personales o la evolución de su patrimonio ante el fisco.

El movimiento impositivo se produce en paralelo al avance de la auditoría financiera sobre el patrimonio de Adorni, el cual registró un incremento del 800% en su última declaración jurada, pasando de $107 millones a $944 millones de pesos.

 

 

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