El debate sobre la educación nos remite a uno de los aspectos más importantes sobre el futuro del país. Esto es algo que sabemos todos y expresa un tema de alta sensibilidad para todos los segmentos de la sociedad argentina. En ese contexto, el presidente Macri expresó hace algunos días que él quiere liderar “una revolución en la calidad de la innovación educativa”.
Sin embargo, los hechos parecen ir a contramano de los discursos. En los últimos dos años el presupuesto educativo ingresó en un tobogán de ajuste, y de cara al presupuesto de 2018, todos los ítems en Educación aumentan en una proporción menor a la tasa de inflación que difunde el mismo gobierno nacional, es decir que, en términos reales, se trata de una continuación del ajuste del sector público, al que no le escapa la educación pública.
En un reciente informe publicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se toma en cuenta el crecimiento en pago de los servicios de la deuda externa del país. Dice: “Se ha duplicado a partir del 2016, pasando de un 7,7% del gasto total en 2015, al 14,5% en 2016 y a un 11,1% sólo en el primer semestre del 2017”. Al mismo tiempo, la Ley de Presupuesto Nacional 2018 prevé una reducción de las partidas que financian el Programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. Se elimina también el Programa de Biblioteca del Maestro. En un contexto de una inflación superior al 24% en 2017, el incremento interanual de fondos para Formación Docente es de apenas un 3%. El ex Programa Conectar Igualdad (ahora denominado Plan Nacional de Educación Digital) se reduce su presupuesto un 43%. En el caso emblemático de la construcción de Jardines de Infantes, tan anunciada en campaña electoral y en plena gestión de este gobierno, se propone un incremento de sólo 8,4% interanual, lo que equivale a un ajuste.
El proceso de achicamiento de la inversión no sólo está afectando el poder adquisitivo de los docentes, sino que también se traduce en desmantelamiento progresivo de planes y programas, el cierre de escuelas rurales y técnicas, en la sub ejecución de partidas presupuestarias, esta última una “novedosa costumbre” del nuevo gobierno, a través de la cual el Poder Ejecutivo falta a los compromisos asumidos ante la sociedad.
Digámoslo con todas las letras: El gobierno nacional está incumpliendo la Ley. A través de diversos mecanismos financieros y presupuestarios las metas para educación establecidas en su momento a través las leyes de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075) y de Educación Nacional (Ley N° 26.206).
Nosotros pensamos que en el tema educación hay que dar un giro de 180 grados respecto a lo que se ha estado discutiendo en los últimos años. Dos o tres puntos más o menos en el marco de una negociación, aunque son importantes para el bolsillo de cada docente, no resuelven los problemas inmensos que viene atravesando el sistema educativo desde hace décadas.
Hubo otra etapa en la historia de nuestro país (muy lejana, por cierto), en la que en el conjunto de la sociedad, los docentes eran actores de los más importantes. En ese contexto, sus ingresos se traducían en un nivel de vida que estaba en sintonía con el espacio que ocupaban. Hacia eso debemos apuntar: que la educación y la docencia sean valorados. Por ende, que el presupuesto que se le destina al área sea el adecuado y el trabajo bien remunerado.
Aunque varía según la provincia, en promedio un docente en la Argentina tiene un ingreso que se ubica en un rango entre los 10.000 y los 20.000 pesos mensuales. Es decir, que buena parte de los maestros y las maestras, que están frente a un curso e imparten educación a chicos que en el futuro serán adultos y decidirán los destinos de nuestro país, cobran menos que lo que el INDEC marca como la Canasta Básica Total, valuada en $16.973. Un salario que está por debajo del de muchas otras actividades. ¿Ese es el lugar que queremos asignarle a la educación?
