El robo de cables, medidores de gas y otros metales volvió a generar un cruce en el Concejo Municipal de Rafaela. Durante la sesión de este jueves, se aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que solicita información sobre los controles y las acciones que se llevan adelante para prevenir y combatir este tipo de hechos.
El debate tuvo como protagonista al concejal justicialista Maximiliano Postovit, quien planteó la necesidad de conocer cómo se trabaja desde el Municipio frente al robo de metales, cómo se reciben los reclamos de los vecinos y de qué manera se articulan las actuaciones con el Comando Unificado y el Ministerio Público de la Acusación.
Postovit reconoció que durante el comienzo de la gestión municipal se había realizado una tarea importante sobre esta problemática, pero sostuvo que es necesario "no bajar los brazos", teniendo en cuenta el impacto que estos robos generan sobre los vecinos, especialmente cuando se trata de personas que deben afrontar el costo de reponer un medidor u otros elementos sustraídos.
Sin embargo, el punto de mayor tensión estuvo relacionado con un operativo realizado días atrás contra personas vinculadas a este tipo de delitos.
El concejal cuestionó al intendente Leonardo Viotti por una publicación en redes sociales en la que, según planteó durante la sesión, se atribuyó la detención de dos personas, padre e hijo, vinculadas a estos hechos.
"Hay que ser muy cuidadosos", sostuvo Postovit, y remarcó que, según la información que manejaba, se trató de un operativo policial programado con anterioridad y sin participación operativa de la Municipalidad.
El edil aclaró que el Centro de Monitoreo municipal pudo haber aportado información a partir de las cámaras ubicadas en el sector, pero diferenció esa tarea de la intervención policial que terminó con las detenciones.
"Una vez que se realiza la denuncia, el organismo competente es el Ministerio Público de la Acusación y el auxiliar de la Justicia es la Policía", señaló.
En ese sentido, Postovit planteó que el Municipio debe continuar aportando información y realizando tareas de prevención, pero pidió responsabilidad institucional para evitar que se deterioren los vínculos con los organismos que intervienen directamente en las investigaciones.
Una sola empresa habilitada
Luego tomó la palabra el concejal oficialista Juan Scavino, quien anticipó el acompañamiento del bloque a la minuta y brindó algunos datos sobre los controles realizados desde la entrada en vigencia de la Ordenanza 5536.
Según explicó, desde su promulgación se realizaron inspecciones y controles en establecimientos relacionados con la compra, venta, acopio y procesamiento de metales no ferrosos. En algunos casos, indicó, esos procedimientos se desarrollaron de manera conjunta entre personal municipal y la Policía de Investigaciones.
Scavino afirmó que, de acuerdo con los relevamientos realizados, la empresa Criscom, ubicada en Ruta 70, kilómetro 86,5, es la única que cuenta con la habilitación provincial correspondiente para la compra, venta, procesamiento y tratamiento de metales dentro del marco regulatorio vigente.
También mencionó distintos procedimientos realizados en la ciudad y destacó particularmente una intervención en un inmueble de calle Santiago del Estero, donde se constató la actividad de compra y venta y acopio de metales no ferrosos, además de una acumulación de elementos en el patio que, según señaló, podía afectar las condiciones de higiene y salubridad.
En ese lugar intervino personal de Protección Comunitaria y Medio Ambiente, además de integrantes del Comando Unificado. El establecimiento, informó el concejal, permanece clausurado por el Municipio.
Respecto de los reclamos ingresados por vecinos, Scavino señaló que la Guardia de Protección Vial y Comunitaria recibió un reclamo relacionado con un establecimiento ubicado en avenida Ernesto Salva y Aragno, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
El concejal oficialista aclaró que estos datos fueron adelantados durante la sesión y que el Municipio se encuentra elaborando una respuesta más completa a la minuta de comunicación aprobada este jueves.
De esta manera, el Concejo aprobó por unanimidad el pedido de información, mientras el debate dejó expuestas distintas miradas sobre la intervención municipal frente al robo de metales y, particularmente, sobre la comunicación pública de los operativos realizados en la ciudad.
