De acuerdo con los datos a los que accedió Rafaela Noticias, actualmente hay solo diez conductores inscriptos, de los cuales ocho corresponden a DiDi y dos a Uber. La cifra contrasta con las estimaciones del sector, que indican que en la ciudad más de un centenar de vehículos prestan servicios mediante plataformas digitales.
La ordenanza fue aprobada con el objetivo de facilitar la regularización de quienes trabajan con aplicaciones y adaptar la normativa a una modalidad de transporte que ya tenía una fuerte presencia en Rafaela. Entre los cambios más importantes se eliminaron los costos municipales para la inscripción, se simplificaron los trámites y dejó de exigirse la licencia profesional, reemplazándola por una licencia particular habilitante según la categoría correspondiente.
Además, quienes ya se desempeñan como remiseros y también ofrecen viajes a través de plataformas digitales deben inscribirse igualmente en el registro específico para aplicaciones, ya que se trata de una habilitación independiente.
El seguro, uno de los factores que aparece en el análisis
Si bien el trámite municipal dejó de tener costo, uno de los aspectos que continúa generando consultas es el seguro exigido para la actividad.
Según pudo conocer Rafaela Noticias, un seguro convencional para un vehículo particular puede ubicarse aproximadamente entre 25.000 y 35.000 pesos mensuales, mientras que una cobertura para transporte público de pasajeros ronda los 50.000 a 60.000 pesos, dependiendo de la compañía y de las características del vehículo.
No obstante, en Rafaela existe al menos una aseguradora que ofrece una cobertura específica para conductores de DiDi, considerada una modalidad híbrida y con valores diferentes a los de un transporte público tradicional. Sin embargo, esa alternativa actualmente no está generalizada entre todas las compañías aseguradoras.
También rige un límite para la antigüedad de los vehículos
Otro de los requisitos establecidos por la normativa es la antigüedad de los vehículos. La ordenanza elevó el límite permitido de 15 a 20 años, ampliando así la cantidad de unidades que pueden acceder al registro.
A ello se suma la obligación de contar con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente y cumplir con el resto de las condiciones de seguridad previstas por la reglamentación municipal.
Un escenario que sigue abierto
La escasa cantidad de inscriptos abre interrogantes sobre el nivel de adhesión que tuvo el nuevo esquema regulatorio. Si bien la ordenanza eliminó costos municipales y redujo exigencias administrativas para incentivar la regularización, la diferencia entre los ocho conductores registrados y la cantidad de vehículos que, según estimaciones del sector, prestan servicios mediante aplicaciones en la ciudad muestra que el desafío continúa siendo importante.
En este contexto, el seguimiento de la implementación de la norma y los controles que puedan llevar adelante las autoridades municipales serán determinantes para conocer si en los próximos meses aumenta el número de inscripciones o si la actividad continúa desarrollándose mayoritariamente por fuera del registro oficial.
