Durante la mañana de este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó un proyecto de comunicación impulsado por el bloque de concejales del Justicialismo. La iniciativa solicita formalmente al Ejecutivo Local un informe detallado sobre la cantidad de personal en planta permanente y las contrataciones realizadas durante los últimos dos años.

En los fundamentos de la propuesta, la bancada opositora señaló una marcada inconsistencia entre el discurso oficial de austeridad y la evolución real de la plantilla estatal. Los ediles remarcaron que, a pesar de que la Intendencia anunció un plan de eficiencia en el gasto público ante la existencia de déficit fiscal, en la práctica se han sostenido las incorporaciones.

Los números en discusión

La concejal María Paz Caruso fue la encargada de fundamentar la postura del PJ. Basándose en los registros contables del Municipio, argumentó que la masa de trabajadores (sumando contratados y planta permanente) pasó de 1.353 empleados en 2023 a 1.387 en 2025, lo que representa una suma neta de 35 nuevos ingresos.

Caruso enfatizó que este incremento no vino acompañado de la creación de nuevos servicios ni de una justificación clara sobre las tareas asignadas a dicho personal.

Por su parte, el edil oficialista Juan Scavino salió al cruce de los cuestionamientos y defendió el rumbo de la gestión local. Argumentó que Rafaela se encuentra en constante crecimiento demográfico y urbano, lo que exige una mayor cobertura de prestaciones públicas. Asimismo, objetó las cifras presentadas por la oposición y contrapuso los datos del departamento de Recursos Humanos municipal: según estos registros, en el período señalado la nómina pasó de 1.356 a 1.369 empleados, lo que acota la diferencia.

Preocupación por el contexto económico

El trasfondo del reclamo legislativo se centra en el contexto socioeconómico actual. La oposición advierte que el crecimiento de la estructura municipal ocurre en un escenario recesivo donde el empleo registrado en el sector privado muestra caídas en diversos rubros productivos de la ciudad, por lo que exigen conocer con precisión el destino de los fondos de los contribuyentes.