El concejal de La Libertad Avanza en Rafaela, Fabricio Dellasanta, encabezó este jueves una conferencia de prensa para referirse públicamente a una causa laboral en la que recientemente se ordenó un embargo preventivo sobre su sueldo. Durante más de veinte minutos, el edil aseguró que se trata de una “estafa procesal”, denunció supuestas presiones políticas sobre la Justicia y afirmó que no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.
Según explicó, el conflicto judicial se originó en 2011 a partir de una demanda laboral que calificó como “inventada”. Dellasanta sostuvo que en aquel momento se presentó ante la Justicia con asesoramiento legal y aportó pruebas para defenderse, aunque aseguró que posteriormente dejó de recibir notificaciones pese a haber informado sus cambios de domicilio e incluso su salida del país.
“Me enteré por los medios que me habían condenado”, afirmó el concejal, quien remarcó que actualmente presentó un incidente de nulidad para revertir lo actuado en el expediente. En ese sentido, cuestionó que, mientras ese planteo aún está en trámite, se haya ordenado un embargo preventivo sobre su salario.
El edil interpretó esa medida como una señal de “valoración previa” por parte del juez y aseguró que detrás de la situación existe una “clara connotación política”. “Nos vienen presionando por muchas cosas que estamos exponiendo y denunciando”, manifestó, vinculando el conflicto judicial con sus críticas a sectores de la política local y nacional.
Durante la conferencia, Dellasanta también cargó contra parte del sistema laboral y judicial argentino, cuestionando lo que definió como una “industria del juicio”. En varias oportunidades apuntó contra abogados laboralistas, sindicatos y sectores políticos, asegurando que estas prácticas perjudican a comerciantes, emprendedores y empresas.
Además, sostuvo que el oficio judicial del embargo habría sido enviado a la Municipalidad de Rafaela y no al Concejo Municipal, situación que calificó como “insólita” debido a que pertenece a otro poder del Estado. También indicó que la resolución no especificaría montos ni porcentajes de embargo.
Consultado por periodistas presentes, el concejal reiteró en varias oportunidades que no descarta motivaciones políticas detrás del caso y aseguró que continuará apelando en todas las instancias judiciales posibles. “No nos van a amedrentar”, afirmó.
Finalmente, Dellasanta adelantó que hará pública toda la documentación vinculada al expediente y señaló que, en caso de obtener algún resarcimiento económico a futuro, lo destinará a instituciones.
