El caso del edificio de Av Mitre desalojado en marzo pasado, volvió a poner en discusión qué sucede con los servicios públicos cuando un inmueble es ocupado ilegalmente. Según planteó el concejal Lisandro Mársico, el propietario del lugar solicitó a Aguas Santafesinas (ASSA) que cortara el suministro de agua mientras la propiedad permanecía usurpada, pero el pedido no fue atendido.
Ahora, luego de que los ocupantes fueran expulsados mediante una orden judicial, el propietario recibió un reclamo por una deuda de casi $5 millones, correspondiente al consumo de agua generado durante el período de ocupación.
Mársico habló con RAFAELA NOTICIAS a raíz de un proyecto de resolución que será tratado este jueves en el Concejo Municipal. La iniciativa busca que ASSA modifique su reglamentación para permitir el corte del servicio a pedido del propietario cuando exista una ocupación ilegal del inmueble.
El concejal sostuvo que actualmente se presenta una situación particularmente problemática: el propietario, que es víctima de la usurpación, termina siendo responsabilizado por un consumo que no realizó.
“Acá hubo un propietario que pidió el corte y no se lo dieron y ahora le reclaman la deuda al propietario”, explicó Mársico.
El pedido para que se pueda cortar el agua
Según explicó el concejal, el proyecto fue presentado junto a la arquitecta Carla Boidi y plantea que, cuando un inmueble se encuentre ocupado ilegalmente, pueda solicitarse el corte del suministro.
La propuesta contempla dos situaciones. Si el propietario se encuentra presente y realiza el pedido, el servicio podría ser interrumpido. Pero también se busca contemplar aquellos casos en los que el dueño no se encuentre en la ciudad o, por distintas circunstancias, no pueda realizar personalmente la solicitud.
En esos casos, Mársico planteó que una denuncia realizada por una autoridad pública municipal, provincial o nacional ante el Ministerio Público de la Acusación, que permita acreditar la existencia de la ocupación ilegal, pueda ser suficiente para habilitar el corte.
El objetivo, explicó, es evitar que quienes ocupan ilegalmente una propiedad continúen utilizando los servicios y que luego las deudas terminen recayendo sobre el propietario.
“No podemos estar brindándoles servicios a los que están usurpando”
Mársico sostuvo que la problemática no se limita al caso puntual del edificio de calle Mitre, sino que podría repetirse en cualquier inmueble que sea ocupado ilegalmente. “Si la vivienda está intrusada y el propietario no pide el corte, por equis circunstancias no está en Rafaela, no podemos estar brindándoles servicios a los que están usurpando propiedad”, manifestó. En ese sentido, recordó que la usurpación constituye un delito contemplado por el Código Penal y consideró que también deben intervenir las empresas encargadas de prestar los servicios públicos.
Ante la consulta sobre el rol de la Municipalidad, el concejal aclaró que Aguas Santafesinas no es administrada por el Municipio de Rafaela.
Según explicó, la empresa cuenta con su propio directorio y un ente regulador encargado del control. La Provincia de Santa Fe posee la mayoría de las acciones, mientras que el porcentaje restante corresponde a los municipios que reciben el servicio. Mársico señaló que los municipios tienen participación accionaria en ASSA y que, por esa razón, también pueden plantear este tipo de reclamos.
El caso de avenida Mitre
El caso que motivó la discusión corresponde a un inmueble de calle Mitre que permaneció ocupado ilegalmente desde 2013, según indicó el concejal.
Los ocupantes finalmente fueron expulsados mediante la vía judicial, pero ahora el propietario enfrenta el reclamo de una deuda cercana a $5 millones por el servicio de agua.
Mársico consideró que la empresa debería revisar esta situación y evitar que el propietario tenga que afrontar una deuda que, según sostiene, no generó.
“Lo que tendría que hacer la empresa es no cobrarle la deuda porque no la generó él”, afirmó.
El proyecto será tratado este jueves en el Concejo Municipal de Rafaela, donde se pondrá nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de las empresas de servicios frente a los inmuebles ocupados ilegalmente.
