En una audiencia de apelación llevada a cabo este jueves en los tribunales de Rafaela, el juez de Segunda Instancia, Dr. Matías Drivet, resolvió rechazar el pedido de la defensa y confirmó la prisión preventiva para L.A.S., un hombre de 46 años imputado por el presunto delito de abuso sexual contra una adolescente.
El acusado permanece privado de su libertad desde noviembre de 2025, cuando el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Dr. Nicolás Stegmayer, le dictó la medida cautelar ordinaria por un plazo de 90 días. Desde entonces, se han desarrollado tres audiencias de revisión donde la medida fue prorrogada de manera sucesiva.
La defensa técnica del imputado, ejercida por el Dr. Carlos Farías Demalde, arremetió contra la resolución original del juez Stegmayer calificándola de "escueta". En su exposición, el letrado sostuvo que su representado se encuentra bajo un "encierro injusto" y enfatizó que L.A.S. no es el autor del hecho que se le atribuye, respaldándose en su trayectoria personal, profesional y en la falta de antecedentes penales.
Como parte de su estrategia para lograr la libertad de su pupilo, Farías Demalde hizo referencia a capturas de pantalla, audios y opiniones de profesionales médicos que, según la defensa, exponen inconsistencias en la declaración de la menor presuntamente damnificada.
Asimismo, el defensor cuestionó que durante los primeros 90 días de la causa la Fiscalía se mantuvo inactiva, siendo la propia defensa la que motorizó el avance del expediente.
Antess de finalizar, Farias Demaldé solicitó la libertad o, en su defecto, una prisión domiciliaria en un inmueble de barrio Italia, o bien el traslado del imputado a la provincia de Buenos Aires, ofreciendo además una caución económica de 10 millones de pesos.
Por su parte, la fiscal Brenda Baños, defendió la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Recordó que la denuncia original fue radicada en julio del 2025 y que la develación de los hechos ocurrió dentro de un entorno terapéutico donde se asistía a la menor.
Baños refutó los elementos presentados por la defensa y citó jurisprudencia específica sobre el abordaje de causas vinculadas a la violencia de género.
Además, puso de relieve que la Fiscalía ya presentó la acusación formal —solicitando una *pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo*—, y que, en los próximos dias, se llevara a cabo la audi preliminar.
Finalmente, el imputado hizo uso de la palabra para manifestar que lleva siete meses encerrado de manera injusta, asegurando que su vida familiar y profesional se han visto severamente afectadas.
Sin embargo, al momento de resolver, el juez Matías Drivet determinó que existe la probabilidad necesaria en esta instancia para considerar que el hecho existió y vincular al imputado. Respecto a los audios y evidencias presentadas por la defensa para desacreditar el testimonio de la víctima, el magistrado sembró dudas sobre la obtención de dicho material, sugiriendo la existencia de vicios en el procedimiento.
Drivet valoró positivamente la celeridad de la Fiscalía al presentar la acusación previa a los seis meses de investigación, lo cual ratifica que la causa cuenta con el sustento suficiente para ser dirimida en un juicio oral. Concluyendo que las alternativas propuestas por la defensa no son suficientes para mitigar los riesgos procesales, el camarista ratificó la resolución de primera instancia, considerando el encierro preventivo como una medida "adecuada y razonable" para esta etapa del proceso.
