Este miércoles se realizó en los tribunales de Rafaela una audiencia clave en la causa por amenazas calificadas y abuso de armas que tiene como imputados a José Luis Rolón, Fabián Ezequiel Rosas y Mauro Tomás Segovia. La instancia estuvo encabezada por el juez penal de segunda instancia Cristian Pablo Fiz, quien finalmente resolvió morigerar las prisiones preventivas de Rolón y Rosas, otorgándoles medidas alternativas.
La investigación se originó por un violento episodio ocurrido en Lehmann durante la noche del sábado 17 de enero y la madrugada del domingo 18. Según el fiscal de la causa Juan Manuel Puig, alrededor de las 23:00, Rolón, junto a Rosas y un tercer imputado, Mauro Segovia, se presentaron en una vivienda ubicada sobre calle Antártida Argentina, donde se encontraban dos hombres y tres mujeres, entre ellas una menor de edad.
De acuerdo con la acusación, los tres hombres actuaron de común acuerdo y con reparto de roles, amenazando a las víctimas para que dejaran de averiguar sobre una motocicleta sustraída. Incluso, según la Fiscalía, se identificaron como “sicarios rosarinos”.
Puig sostuvo además que dos de los imputados portaban armas de fuego. Uno de ellos habría apuntado contra una de las víctimas, mientras que otro la golpeó en la cabeza con un arma, provocándole lesiones.
Siempre según la teoría fiscal, horas después —ya durante la madrugada del domingo— Rolón habría regresado junto a otros tres hombres a bordo de dos motocicletas y efectuaron al menos seis disparos contra la vivienda con el objetivo de amedrentar a sus ocupantes.
Toda esta investigación, con cautelares y revisiones, mantuvieron a los imputados tras las rejas hasta hoy.
El fiscal defendió las preventivas
Durante la audiencia de este miércoles, Puig sostuvo que existían elementos suficientes para sostener la participación de los imputados y defendió la resolución de primera instancia que había ordenado las prisiones preventivas.
En el caso de Rolón, remarcó que distintos testimonios lo ubicaban en el lugar de los hechos y aseguró que no podía minimizarse su presencia en un episodio de extrema violencia.
El fiscal cuestionó el planteo defensivo que intentó despegarlo de las amenazas y afirmó que el imputado habría concurrido con claras intenciones intimidatorias. Incluso señaló que una de las víctimas reconoció su participación y sostuvo que el contexto del hecho —con varias personas armadas y disparos posteriores— agravaba notablemente la situación procesal.
Además, Puig insistió en que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que las medidas alternativas propuestas no alcanzaban para neutralizar ese peligro.
Respecto de Rosas, el representante del Ministerio Público de la Acusación aseguró que existían testimonios y reconocimientos que lo comprometían y consideró razonable mantener la prisión preventiva dictada originalmente.
En cuanto a Segovia, la defensa desistió de la apelación al afirmar que recién había tomado el caso y que se encontraba en conversaciones con la Fiscalía para intentar alcanzar una salida alternativa dentro del proceso. Por lo que por el momento seguirá preso.
“No amenazó ni disparó”, dijo la defensa de Rolón
El abogado Carlos Luis Farías Demalde, defensor de José Luis Rolón, cuestionó duramente la imputación y aseguró que su cliente estuvo en el lugar, pero sin intervenir en hechos violentos.
El letrado afirmó que Rolón solamente había concurrido para aclarar una situación vinculada al conflicto por la motocicleta y negó que hubiera amenazado, portado armas o efectuado disparos.
También destacó que ningún testigo afirmó haberlo visto disparar y que no existían elementos concretos que lo vincularan directamente con el uso de armas de fuego.
Farías Demalde sostuvo además que la calificación legal atribuida permitiría eventualmente una condena condicional y remarcó que Rolón no posee antecedentes condenatorios, trabaja como changarín, tiene tres hijas menores y mantuvo siempre una actitud colaborativa durante el proceso.
Como alternativa a la prisión preventiva, propuso que el imputado fijara domicilio fuera de Lehmann, concretamente en una zona rural de Bella Italia, además de presentaciones periódicas en sede policial, prohibición de contacto con víctimas y testigos y prohibición de portar armas.
La defensa de Rosas cuestionó la prueba
Por su parte, la defensora oficial Victoria Romano apeló la situación de Fabián Rosas y cuestionó la solidez de las pruebas reunidas por la Fiscalía.
La funcionaria sostuvo que uno de los principales testimonios incorporados a la causa —el de la pareja de Rolón— había sido desacreditado únicamente por su vínculo personal, algo que consideró arbitrario.
Romano afirmó que no existían elementos contundentes contra Rosas y destacó que otros testimonios no lo ubicaban claramente como autor de amenazas o disparos.
También remarcó que Rosas carece de antecedentes penales y ofreció medidas alternativas similares a las propuestas para Rolón: fijación de domicilio en Rafaela, prohibición de acercamiento a víctimas y testigos, impedimento de ingreso a Lehmann y firma semanal en comisaría.
Las declaraciones de los imputados
Antes de resolver, el juez permitió que hablaran los acusados. Rosas aseguró que no había cometido ningún delito y manifestó no entender por qué estaba detenido.
En tanto, Rolón se declaró inocente, sostuvo que necesitaba regresar junto a su familia y aseguró estar “pagando por errores cometidos por otras personas”. Además, se comprometió a cumplir cualquier medida que dispusiera la Justicia.
Qué resolvió el juez
Tras escuchar a todas las partes, el juez Cristian Fiz resolvió hacer lugar parcialmente a las apelaciones de Rolón y Rosas y reemplazar la prisión preventiva por medidas alternativas.
En su resolución, el magistrado entendió que, si bien existían elementos para mantener abierta la investigación, algunas cuestiones discutidas por las partes todavía debían ser esclarecidas con mayor profundidad durante el avance del proceso.
También valoró la ausencia de antecedentes condenatorios, el arraigo familiar y laboral de los imputados y las restricciones ofrecidas por las defensas para reducir riesgos procesales.
