La jueza Rosana Carrara dictó sentencia en un juicio donde se abreviaron los procedimientos contra los uniformados Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena. Ambos recibieron penas de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pablo Tomás Pérez fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que Leandro Nahuel Cárdena recibió dos años y seis meses. Además, cada uno deberá abonar una multa de 1.200.000 pesos tras la investigación liderada por el fiscal Ezequiel Hernández.
El robo bajo amenazas de muerte
El hecho ocurrió un viernes alrededor de las 19:00 en la intersección de Boulevard Pellegrini y San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe. Los agentes, que prestaban servicios en la Brigada Motorizada, interceptaron a un hombre que se trasladaba en un auto con su hijo menor de edad.
Los policías argumentaron que se trataba de un control de rutina, requisaron el vehículo y encontraron dinero en efectivo. Bajo la falsa premisa de que estaba prohibido circular con esa suma, amenazaron con arrestar al conductor y enviar al niño al área de Niñez.
Bajo intimidaciones que incluyeron la advertencia de que terminaría "dentro de una bolsa" si realizaba una denuncia, la víctima les entregó 400 dólares. Al retirarse los efectivos, el damnificado constató que también le habían sustraído otros 1.100 dólares debajo de un asiento.
La denuncia inmediata ante la Unidad Especial de Asuntos Internos permitió interceptar a los uniformados y recuperar la totalidad del dinero sustraído en poder de los ahora condenados.
Agresión previa en Santo Tomé
La pena impuesta a Pablo Tomás Pérez sumó además un hecho de vejaciones ocurrido el año pasado en la localidad de Santo Tomé, en la esquina de Uruguay y Gobernador Iriondo.
En el marco de un procedimiento por el supuesto robo de una moto, el policía agredió físicamente a un joven que estaba siendo requisado, propinándole un golpe de puño y un codazo en el rostro que le causaron lesiones.
Ambos condenados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado, aceptando la calificación legal y la pena impuesta junto a sus defensores.
