Por Julio Armando
Una vivienda ubicada en barrio Güemes, que según la investigación funcionaba como un punto de venta de drogas, fue descripta por la Fiscalía como el escenario de una verdadera pesadilla para dos hombres que acudieron al lugar creyendo que realizarían una compra de estupefacientes. Lo que encontraron fue una organización criminal que, de acuerdo con la acusación, los mantuvo cautivos durante aproximadamente doce horas, los golpeó, los amenazó con armas de fuego, les quitó sus pertenencias y los obligó a entregar dinero, bienes e incluso aceptar incorporarse a la estructura dedicada al narcomenudeo.
La atribución imputativa fue realizada en los Tribunales de Rafaela, en una audiencia de la que participó RAFAELA NOTICIAS, encabezada por el juez Nicolás Stegmayer, a pedido de la fiscal Analía Abreu.
Los imputados presentes fueron Franco Cejas, Carlos Andrés Barberán, José Luis Pizarro y Leyla Gauna. La defensa de Pizarro y Barberán estuvo a cargo de los abogados José María Silvela y Andrés Colón; Bruno Rossini representó a Leyla Gauna, mientras que Carlos Zimmerman ejerció la defensa de Cejas.
En tanto, Ariel Gonzalo Gauna y María Ramona Pizarro no participaron de esta audiencia porque ya habían sido imputados días atrás por los mismos hechos. Ambos permanecen sometidos a medidas cautelares: Ariel Gauna continúa en prisión preventiva, mientras que María Ramona Pizarro cumple prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Al finalizar la audiencia, el juez resolvió dictar prisión preventiva por todo el plazo del proceso para Franco Cejas, Carlos Andrés Barberán y José Luis Pizarro, mientras que Leyla Gauna recuperó la libertad respecto de este legajo, aunque seguirá detenida alcanzada por las medidas cautelares que pesan sobre ella en otra investigación judicial vinculada al narcomenudeo. De hecho todos los imputados, ya estaban detenidos por este tema al momento de llegar a esta última audiencia.
Doce horas de cautiverio, armas, golpes y amenazas
Según expuso la fiscal Abreu, los hechos ocurrieron el 9 de febrero de este año a la madrugada, cuando las dos víctimas llegaron en motocicleta hasta una vivienda de calle Luis Maggi al 1900. Apenas ingresaron al inmueble fueron reducidas por varias personas armadas, quienes les quitaron los teléfonos celulares, billeteras, documentación y demás pertenencias. Desde ese momento comenzaron casi doce horas de cautiverio.
La acusación sostiene que durante todo ese tiempo permanecieron bajo vigilancia permanente, fueron trasladados por distintos sectores de la vivienda y observaron un inmueble prácticamente sin mobiliario, desordenado y con un incesante movimiento de personas que ingresaban y salían para comprar estupefacientes.
Las agresiones fueron constantes. Recibieron golpes de puño, cachetazos y culatazos con armas de fuego. También fueron obligados a limpiar el baño de la vivienda mientras seguían privados de su libertad.
Las amenazas fueron escalando durante toda la jornada. Según reconstruyó la Fiscalía, los acusados les dijeron que los matarían, que les cortarían un dedo y que tomarían represalias contra ellos y sus familias si denunciaban lo ocurrido. Incluso, en dos oportunidades llegaron a gatillar un revólver apoyado sobre distintas partes del cuerpo de una de las víctimas, aunque el disparo nunca se produjo.
La Fiscalía remarcó además que el inmueble se encontraba a escasos metros de una capilla, una escuela y un centro de salud, circunstancia que agrava la imputación vinculada a la comercialización de estupefacientes.
El supuesto jefe de la organización y el plan para sacarles dinero
Durante la audiencia, la fiscal identificó a Franco Cejas como quien ejercía el liderazgo de la organización. Según la acusación, impartía órdenes al resto de los integrantes, decidía cuándo continuar o detener las agresiones, administraba el dinero obtenido mediante las maniobras extorsivas y mantenía comunicaciones telefónicas permanentes vinculadas al funcionamiento del grupo. Además, manipulaba constantemente un revólver frente a las víctimas para mantenerlas bajo intimidación. Los demás imputados habrían cumplido funciones operativas, encargándose de custodiar a los cautivos, golpearlos y controlar que no pudieran escapar.
La investigación también sostiene que una de las víctimas fue obligada a firmar el formulario 08 para transferir la motocicleta en la que había llegado al lugar y a llamar por teléfono a su madre para exigirle una transferencia de 150.000 pesos. Ese dinero, de acuerdo con la acusación, fue enviado a una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de María Ramona Pizarro. Pero las exigencias no terminaron allí. Los acusados también le habrían impuesto pagos mensuales de 100.000 pesos, advirtiéndole que, si no cumplía o denunciaba los hechos, matarían tanto a él como a sus familiares.
"Ahora vas a vender para nosotros"
La otra víctima, al no contar con dinero para entregar, habría sufrido una presión todavía mayor. Siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, las agresiones aumentaron hasta que terminó aceptando incorporarse a la organización para vender estupefacientes, realizar distintos mandados y colaborar en el cobro del dinero exigido a la otra víctima. Incluso, los acusados le indicaron que debía utilizar una línea telefónica específica para mantenerse comunicado con la banda, número que también figuraba registrado a nombre de María Ramona Pizarro.
Durante el cautiverio, ambos hombres observaron un movimiento permanente de compradores que ingresaban y salían de la vivienda. La Fiscalía estimó que alrededor de quince personas pasaron por el lugar durante esas horas. Uno de los cautivos declaró haber visto a Carlos Andrés Barberán extraer desde una bandolera una bolsa transparente que contenía múltiples envoltorios con cocaína, mientras continuaban las ventas.
También se incorporó a la acusación la actuación atribuida a Leyla Gauna, quien, según la Fiscalía, ingresó a la vivienda sabiendo que ambas víctimas permanecían cautivas. Tras observar especialmente a uno de los hombres golpeados, confirmó a los demás integrantes que no pertenecía a ninguna fuerza policial, circunstancia que —para la acusación— permitió que continuaran tanto el cautiverio como las agresiones y las maniobras extorsivas.
Recién cuando los acusados obtuvieron el dinero transferido, la documentación de la motocicleta y la aceptación de una de las víctimas para colaborar con la organización, decidieron liberarlos.
Uno fue abandonado en inmediaciones de avenida Brasil y Geuna, mientras que el otro apareció sobre la colectora de la Ruta Nacional 34, frente al Hipermercado. Ambos fueron dejados sin documentación y recibieron una última advertencia: si acudían a la Policía serían buscados y sufrirían graves represalias.
La Fiscalía imputó a Franco Cejas, Carlos Andrés Barberán, José Luis Pizarro y Ariel Gonzalo Gauna como coautores de los delitos de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas, extorsión y comercialización de estupefacientes agravada por desarrollarse en inmediaciones de establecimientos educativos, asistenciales y sociales.
Por su parte, María Ramona Pizarro y Leyla Gauna fueron acusadas como partícipes de los delitos de secuestro coactivo agravado y extorsión, por los aportes que, según la investigación, realizaron para sostener el funcionamiento de la organización criminal.
