Por Julio Armando
Con cruces sobre la validez de la prueba policial y una estrategia defensiva enfocada en posibles irregularidades durante los procedimientos, comenzó este miércoles el juicio oral y público contra José Daniel Soria, acusado de cometer dos robos calificados en barrio Villa del Parque durante 2024. El debate se desarrolla ante el juez Dr. Nicolás Stegmayer y continuará en sucesivas audiencias hasta el 28 de mayo, cuando se conocerá la sentencia.
RAFAELA NOTICIAS estuvo presente como único medio en la primera jornada del debate, donde se escucharon los alegatos de apertura de las partes y los primeros testimonios vinculados al robo cometido en la carnicería “Onda Parrillera”, en barrio Villa del Parque.
La causa tiene un elemento que atraviesa toda la discusión judicial y que promete convertirse en uno de los ejes del juicio: el hallazgo del DNI del acusado dentro de una de las prendas descartadas tras el hecho. Mientras la Fiscalía sostiene que Soria “se olvidó el documento en el apuro”, la defensa busca sembrar dudas sobre cómo apareció realmente esa prueba y si pudo haber sido incorporada irregularmente por personal policial.
La acusación: dos robos violentos y un mismo “modus operandi”
En su alegato de apertura, el fiscal Dr. Juan Manuel Puig sostuvo que Soria protagonizó dos asaltos con características similares: comercios pequeños, atendidos por personas solas y en horarios de baja circulación.
El primero ocurrió el 25 de junio de 2024 en la carnicería “Onda Parrillera”. Según relató el fiscal, el acusado habría ingresado armado con una pistola, con el rostro cubierto y amenazando al comerciante Santiago Fugliotti para que entregara la recaudación.
La víctima declaró este miércoles ante el tribunal y recordó que estaba cerrando el local cuando apareció un joven “encapuchado”, vestido con ropa oscura y con un tatuaje visible en el cuello (algo que el acusado tiene). “Me sacó un arma de fuego exigiéndome el dinero de la caja”, contó. Según relató, tras entregar el dinero y mercadería, vio escapar al ladrón y decidió perseguirlo con el auto de su padre mientras llamaba al 911. Dijo haber seguido al sospechoso hasta una vivienda de calle Dean Funes al 400, donde luego intervino personal policial.
La Fiscalía sostiene que en domicilios linderos a ese sector la Policía encontró ropa descartada, una mochila con parte del botín (dinero, salamines y ravioles) y, dentro de un pantalón, el DNI de Soria. Además, Puig afirmó que al día siguiente se realizó un allanamiento en la vivienda donde residía el acusado junto a su pareja y allí se secuestró una pistola “de características similares” a la utilizada en el robo.
El segundo hecho atribuido a Soria ocurrió el 18 de diciembre de 2024 en una despensa de calle Río de Janeiro al 400. Según la acusación, ingresó armado con un cuchillo, amenazó a la empleada y robó dinero de la caja registradora. Para la Fiscalía, las filmaciones de seguridad y los reconocimientos posteriores realizados por la víctima y vecinos permiten identificar claramente al acusado.
Por ambos hechos, el fiscal solicitó que Soria sea condenado como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, violación de domicilio y robo calificado por el uso de arma blanca, todo en concurso real. Además, pidió una pena de siete años de prisión efectiva y adelantó que solicitará que el imputado continúe detenido hasta que el fallo quede firme. Cabe señalar que actualmente el acusado está libre con medidas alternativas.
La defensa atacó la investigación policial
La defensora pública Dra. Victoria Romano centró su teoría del caso en cuestionar la autoría atribuida a Soria y, especialmente, la forma en que se recolectaron algunas pruebas clave. “Escuché al fiscal haciendo muchas promesas de cuestiones que iba a probar y eso tendrá que demostrarse”, sostuvo al inicio de su alegato.
Pero además, la defensora planteó otro eje: incluso en caso de una eventual declaración de culpabilidad, pidió discutir la “falta de necesidad de pena” y la “inconveniencia” de aplicar una condena efectiva, haciendo referencia a cuestiones personales, sociales y de salud del imputado. Es decir, para la defensa, el imputado está reincertado en la sociedad con trabajo y enseñando en una escuelita de fútbol. Por eso, entre los testigos que se propone está su empleador y padres de un niño que es alumnos de Soria.
Más allá de lo anterior, en esta primera jornada donde más se concentró la atención fue durante los incisivos interrogatorios al personal policial que intervino la noche del robo en la carnicería. Romano apuntó a inconsistencias entre las actas policiales, las descripciones iniciales y los elementos efectivamente secuestrados.
Uno de los puntos más sensibles tuvo que ver con el DNI del acusado. Según se ventiló en el debate, el documento no habría sido encontrado en el lugar del procedimiento y ante testigos, sino posteriormente en la comisaría, cuando la Policía revisó nuevamente la ropa secuestrada.
La Jefa del Destacamento 9 en ese momento, explicó en el juicio que la requisa completa no pudo realizarse en el lugar porque había muchas prendas y el procedimiento se desarrollaba de noche, por lo que decidieron trasladar los elementos a sede policial para continuar allí la revisión. Ese detalle fue aprovechado por la defensa para poner en duda la cadena de custodia y la transparencia del hallazgo.
Sin decirlo de manera explícita, la estrategia defensiva dejó flotando una hipótesis delicada: la posibilidad de que el documento hubiera sido “plantado” para incriminar al acusado.
La defensa también expuso otras diferencias entre las primeras actas y la prueba presentada en juicio. Por ejemplo, en la denuncia inicial se mencionaba que el dinero robado estaba compuesto principalmente por billetes de 500 y 1.000 pesos, mientras que entre los billetes recuperados aparecieron otras denominaciones, incluso de 100 y 2.000 pesos. También se señaló que en las actuaciones policiales el arma utilizada era descripta como negra, aunque la pistola secuestrada y exhibida en juicio es plateada. Algo similar ocurrió con la vestimenta: en la denuncia se hablaba de una campera verde, pero entre los elementos secuestrados apareció una prenda azul.
Cada una de esas inconsistencias fue utilizada por la defensa para intentar debilitar la credibilidad del procedimiento policial y sembrar dudas razonables sobre la identificación del acusado.
La estrategia no cuestionar a la víctima
Otro dato que llamó la atención durante la audiencia fue la decisión de la defensora Romano de no interrogar al comerciante asaltado.La estrategia resultó significativa porque varias de las inconsistencias marcadas anteriormente por la defensa —como el color del arma, la vestimenta o las denominaciones del dinero robado— podrían haber sido consultadas directamente a la víctima, quien tuvo contacto de primera mano con el hecho.
Sin embargo, Romano eligió concentrar sus preguntas en el personal policial y en la confección de las actas, dejando entrever que el foco defensivo no está puesto tanto en desacreditar al comerciante, sino en cuestionar cómo se construyó la investigación posterior.
Durante las próximas audiencias continuarán declarando policías, testigos y peritos vinculados a ambos hechos investigados. El juicio continuará hasta el 28 de mayo y ese mismo día, al mediodía, el juez Nicolás Stegmayer dará a conocer el veredicto.
