El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, en la que manifestó su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley 13.018 y del Código Procesal Penal que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.
En el documento, la entidad sindical sostuvo que la iniciativa fue elaborada sin la participación de quienes desempeñan tareas diariamente dentro del Poder Judicial y advirtió que los cambios propuestos podrían afectar tanto la organización del sistema penal como las condiciones laborales de trabajadores y funcionarios.
Desde el gremio señalaron que el proyecto no fue consensuado ni debatido previamente con magistrados, funcionarios, empleados judiciales ni otros actores vinculados al funcionamiento de la Justicia penal. En ese sentido, consideraron que las modificaciones aparecen como una “imposición súbita” y cuestionaron la falta de instancias de consulta y construcción de consensos.
Asimismo, indicaron que directores de Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) de distintas jurisdicciones tampoco habrían sido consultados sobre aspectos vinculados al funcionamiento actual del sistema, tales como horarios de trabajo, recursos humanos y materiales, o la existencia de demoras en las distintas etapas procesales.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta a la posibilidad de avanzar hacia una única Oficina de Gestión Judicial a nivel provincial. Según plantearon, esta estructura concentraría la asignación de causas y podría desconocer las particularidades regionales, además de incrementar la virtualidad en determinadas instancias judiciales.
La organización también expresó preocupación por las posibles consecuencias laborales que podría generar la implementación de ese esquema, entre ellas eventuales traslados de personal sin acuerdos previos y modificaciones en las condiciones de trabajo.
Por otra parte, los representantes sindicales sostuvieron que cualquier reforma de esta magnitud debería contar con la participación de los Ministerios Públicos, profesionales del derecho y demás actores involucrados, a fin de garantizar transparencia, legitimidad y consenso social.
En ese marco, solicitaron a la Corte Suprema que haga llegar estas inquietudes a los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia y respaldaron la conformación de una mesa de diálogo institucional que permita analizar, con datos y estadísticas, cuál es la mejor configuración para la gestión judicial penal en Santa Fe.
Finalmente, el gremio remarcó que continuará siguiendo el tratamiento legislativo del proyecto y defendiendo la participación de los trabajadores judiciales en cualquier proceso de reforma que impacte sobre la estructura y funcionamiento del Poder Judicial provincial.
