Por Julio Armando
La investigación por el violento ataque ocurrido el pasado martes 23 de junio en la Escuela Nº 1136 "Paul Harris", del barrio Villa Dominga, comenzó a mostrar este sábado los primeros fundamentos judiciales que sostienen la acusación contra Hugo David Villarruel, de 46 años, y su hijo adolescente V.A.D., de 17.
En una audiencia imputativa desarrollada en los Tribunales -de la que participó RAFAELA NOTICIAS como único medio-, el fiscal Martín Castellano atribuyó al mayor el delito de tentativa de homicidio simple, al considerar que fue quien ejecutó el ataque con arma blanca, mientras que al adolescente le endilgó haber prestado una colaboración indispensable para concretar la agresión.
Posteriormente, durante la audiencia cautelar, el juez Gustavo Bumaguin resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo para Hugo David Villarruel, mientras que el día anterior la jueza Laura Lencina había dispuesto idéntica medida respecto del adolescente, quien permanecerá alojado en el Hogar Juvenil de Las Flores.
Las audiencias permitieron conocer por primera vez la reconstrucción que realizó la Fiscalía sobre uno de los hechos de violencia más graves registrados en Rafaela durante los últimos años, ocurrido además dentro de un establecimiento educativo.
Una emboscada al salir de la escuela
De acuerdo con la atribución formulada por Castellano, el ataque ocurrió el martes 23 de junio, entre las 12:30 y las 12:45. Lucas S., de 40 años, había concurrido a la Escuela Paul Harris para acompañar a su hija. Luego de retirarse del establecimiento y cuando caminaba por calle Ciudad de Esperanza, fue interceptado por Hugo David Villarruel. Según sostuvo el fiscal, el acusado inició la agresión golpeándolo de inmediato con un puñetazo. Pocos segundos después se incorporó al ataque su hijo adolescente V.A.D., de 17 años, quien también comenzó a propinarle golpes de puño. La Fiscalía sostiene que ambos actuaron de manera coordinada desde el primer momento y que, mediante esa agresión conjunta, lograron reducir físicamente a Lucas S. Siempre según la hipótesis fiscal, la víctima intentó escapar refugiándose nuevamente en la Escuela Paul Harris. Sin embargo, lejos de cesar la agresión, padre e hijo ingresaron detrás de él.
La persecución terminó en el hall de ingreso del establecimiento educativo, donde, para la Fiscalía, ocurrió la parte más violenta del ataque. Castellano afirmó que mientras el adolescente sujetaba físicamente a Lucas S., inmovilizándolo e impidiéndole defenderse o escapar, Hugo David Villarruel extrajo un cuchillo y comenzó a apuñalarlo reiteradamente. La acusación describe con precisión el elemento secuestrado durante la investigación. Se trata de un cuchillo metálico marca Tramontina Inox Brasil, con una hoja de aproximadamente diez centímetros y un mango de diez centímetros y medio. Ese cuchillo habría sido utilizado para ocasionar las lesiones que casi terminan con la vida de la víctima. La Fiscalía entiende que la intervención del adolescente fue indispensable para concretar el ataque, ya que mantenía reducida a la víctima mientras el mayor utilizaba el arma blanca.
La imputación señala que, aun después de producirle numerosas heridas con el cuchillo, los agresores continuaron atacando a Lucas S. mediante golpes de puño y patadas. Es decir, la violencia no terminó con las puñaladas. Según la acusación, ambos continuaron golpeándolo cuando la víctima ya presentaba múltiples heridas cortopunzantes. Para el Ministerio Público de la Acusación, esa conducta demuestra la persistencia del ataque y la intención de continuar con la agresión incluso cuando Lucas S. ya se encontraba gravemente lesionado.
Heridas que dejaron a la víctima al borde de la muerte
Uno de los aspectos más impactantes de la audiencia fue la descripción médica de las lesiones sufridas por la víctima. El fiscal explicó que Lucas S. presentó múltiples heridas cortopunzantes distribuidas en distintas partes del cuerpo. Entre ellas se describieron lesiones en ambos hemitórax, en el miembro superior izquierdo, en la mano derecha y en el flanco izquierdo, además de diversas lesiones contusas compatibles con la golpiza recibida durante el episodio. Las heridas torácicas comprometieron ambos pulmones y la pleura, provocando un hemotórax derecho y un hemotórax izquierdo. Esas lesiones, sostuvo la Fiscalía, pusieron concretamente en peligro la vida del hombre.
La gravedad del cuadro obligó a una inmediata intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), cuyos profesionales brindaron las primeras atenciones antes del traslado urgente al Hospital "Dr. Jaime Ferré", donde recibió tratamiento especializado que permitió estabilizarlo. Para la Fiscalía, el resultado mortal no llegó a producirse únicamente por circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores. Castellano sostuvo que la rápida asistencia médica fue determinante para evitar el fallecimiento de Lucas S. Precisamente por ello la conducta fue encuadrada como tentativa de homicidio simple.
El fiscal remarcó que, desde su perspectiva, Hugo David Villarruel mantuvo durante todo el episodio el dominio del hecho, siendo quien ejecutó la acción principal mediante la utilización del cuchillo. Respecto del adolescente V.A.D., entendió que su intervención constituyó una colaboración necesaria para concretar la agresión, ya que sujetó e inmovilizó a la víctima mientras se desarrollaba el ataque con arma blanca.
La teoría de la defensa: "No está acreditado quién apuñaló"
Durante la audiencia cautelar realizada este sábado, el debate dejó de centrarse en cómo ocurrió el ataque y pasó a enfocarse en una cuestión clave para esta etapa del proceso: si existían elementos suficientes para sostener la probable autoría de Hugo David Villarruel y, en consecuencia, ordenar su prisión preventiva. Mientras la Fiscalía sostuvo que la evidencia reunida hasta el momento permitía acreditar con un alto grado de probabilidad la responsabilidad del imputado, la defensa intentó demostrar que la investigación aún presenta contradicciones que impiden determinar quién fue realmente el autor de las puñaladas.
El abogado del Ministerio Público de la Defensa Bruno Rossini comenzó diciendo que la teoría de la Fiscalía presentaba fisuras que impedían alcanzar el grado de probabilidad exigido para mantener a su asistido privado de la libertad. Explicó que la acusación atribuye a Hugo David Villarruel la ejecución material de las puñaladas y al adolescente una participación necesaria, pero afirmó que esa conclusión no surge con claridad de la prueba reunida hasta el momento.
Según sostuvo, el principal sostén de la hipótesis fiscal es el testimonio de una mujer que fue testigo directa del ataque. Rossini remarcó que esa testigo no conocía previamente a Hugo Villarruel ni a su hijo, por lo que su identificación se basó únicamente en características generales de la vestimenta y no en el reconocimiento personal de los involucrados. A ello agregó que la mujer fue entrevistada en dos oportunidades, pero nunca pudo nombrar concretamente a los agresores. Para la defensa, ese dato adquiere especial importancia porque, tratándose del testimonio central sobre el cual se construye la acusación, debía ser necesariamente confrontado con el resto de las evidencias.
Rossini también sostuvo que existen diferencias relevantes entre los relatos de los distintos testigos presenciales. Puso como ejemplo que la mujer testigo declaró que Lucas S. nunca agredió físicamente a Villarruel durante el incidente. Sin embargo, recordó que el propio denunciante manifestó que en determinado momento alcanzó a responder con un golpe de puño e incluso lanzó una patada mientras intentaba defenderse. Para la defensa, esa contradicción demuestra que la percepción de la testigo pudo haber estado condicionada por la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. "Todo ocurrió muy rápido", recordó Rossini que había declarado la propia mujer, sosteniendo que esa circunstancia permite pensar en posibles errores de percepción antes que en una reconstrucción absolutamente precisa de los hechos. El defensor aclaró que no pretendía afirmar que la testigo hubiera mentido deliberadamente, sino advertir que, en situaciones de extrema violencia y nerviosismo, pueden producirse equivocaciones que deben ser consideradas por el juez al valorar la prueba.
Otro de los puntos centrales del planteo defensivo giró en torno a otra testigo presencial. Rossini recordó que la Fiscalía utilizó parte de su declaración para reforzar la hipótesis acusatoria, pero cuestionó que no hubiera valorado el resto del relato. Según explicó, esta segunda mujer dijo conocer tanto a Hugo Villarruel como a su hijo porque eran vecinos del barrio y aseguró haber observado que quien llevaba el cuchillo era el menor de edad. Siempre de acuerdo con la exposición de la defensa, la mujer describió que el adolescente extrajo el arma de entre sus ropas y aplicó puñaladas dirigidas hacia la espalda y luego hacia el pecho de la víctima. Rossini se preguntó por qué ese tramo del testimonio no era considerado por la Fiscalía si, al mismo tiempo, utilizaba otras partes de la misma declaración como corroboración independiente del relato de la primer mujer.
La sangre en las manos: la clave para saber quién fue el que apuñaló
Otro de los argumentos desarrollados durante la audiencia estuvo relacionado con las lesiones constatadas en ambos imputados. Rossini sostuvo que Hugo David Villarruel presentaba únicamente una pequeña herida con escoriación y excoriación en la mano derecha, compatible con un forcejeo. En cambio, indicó que el adolescente tenía una herida cortante lineal en la mano derecha con exfoliación. Según la defensa, una lesión de esas características resulta mucho más compatible con la manipulación de un arma blanca que la constatada en el adulto. Por ese motivo entendió que ese elemento objetivo también genera dudas respecto de quién empuñó realmente el cuchillo durante el ataque.
Rossini cuestionó además el valor que la Fiscalía otorgó al análisis de los registros fílmicos. Explicó que las cámaras no captan el momento preciso de la agresión sino únicamente instantes posteriores. Citó especialmente el informe elaborado por un perito, indicando que alrededor de las 12.42 puede observarse al adolescente con ambas manos manchadas de rojo, presuntamente sangre. En cambio, respecto de Hugo Villarruel, el informe solamente describiría manchas en la zona del pantalón, sin hacer referencia a sangre visible en sus manos. Para la defensa, si la teoría fiscal sostiene que el adulto fue quien utilizó el cuchillo para provocar múltiples heridas profundas, resultaría esperable encontrar rastros de sangre en sus manos inmediatamente después del episodio. Rossini sostuvo que esa circunstancia fortalece la hipótesis alternativa planteada por la defensa.
La defensa también cuestionó el procedimiento mediante el cual fue secuestrado el cuchillo que la Fiscalía considera utilizado en el ataque. Rossini señaló que los investigadores llegaron hasta ese elemento guiados por comentarios de vecinos cuyos nombres, según dijo, no figuran incorporados formalmente al legajo. Además, remarcó que el recorrido realizado por los imputados antes del secuestro no habría sido exclusivo de Hugo Villarruel, por lo que no puede afirmarse que el arma le perteneciera o hubiera sido descartada por él. Incluso sostuvo que hasta el momento no existe ningún elemento científico que vincule directamente ese cuchillo con su defendido. "No hay un solo elemento objetivo que permita afirmar que fue él quien manipuló esa arma", resumió durante su exposición.
Las "dudas razonables" de la Defensa
A partir de todas esas circunstancias, Rossini insistió en que el caso presenta un escenario de incertidumbre incompatible —según su criterio— con la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Sostuvo que existen dos versiones distintas sobre quién ejecutó las puñaladas y que la investigación todavía no logró despejar esa duda. También afirmó que, si no puede determinarse con claridad quién produjo las heridas, mucho menos puede sostenerse con el grado de certeza requerido que Hugo Villarruel hubiera actuado con intención homicida.
Para la defensa, las inconsistencias detectadas en los testimonios, las lesiones de los imputados, el análisis de los videos y las circunstancias del secuestro del arma obligan a mantener abierta la investigación antes de adoptar una medida cautelar de máxima intensidad. De manera subsidiaria, y para el caso de que el juez entendiera acreditada la probable participación de su defendido, Rossini propuso una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Entre ellas ofreció la fijación de domicilio en una vivienda ubicada sobre calle David Mazzi al 1400, donde aseguró que reside Hugo Villarruel, domicilio que —según destacó— se encuentra a más de dos kilómetros de la Escuela Paul Harris. Además, propuso la prohibición absoluta de acercarse al establecimiento educativo, a la víctima y a todos los testigos del hecho.
También solicitó que se impusiera la prohibición de portar cualquier tipo de arma y la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad policial correspondiente. Rossini sostuvo que esas restricciones resultaban suficientes para neutralizar cualquier eventual riesgo procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación, recordando además que Villarruel tiene pareja, hijos, arraigo en Rafaela y carece de antecedentes condenatorios.
Apuñalar o sostener a la víctima: igual de grave
Tras escuchar durante dos horas los planteos de la Fiscalía y de la defensa, el juez Gustavo Bumaguin dio a conocer la resolución en la que analizó la evidencia incorporada hasta el momento de la investigación y explicó por qué entendía que correspondía dictar la prisión preventiva sin plazo para Hugo David Villarruel.
Si bien reconoció que la investigación recién comienza y que todavía resta producir prueba, el magistrado sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, existen elementos suficientes para tener por acreditada la probable participación del imputado en el violento episodio ocurrido dentro de la Escuela Paul Harris. Para el magistrado, el verdadero debate planteado por la defensa no pasaba por determinar si Villarruel intervino o no en el hecho, sino únicamente establecer quién de los dos fue quien empuñó el cuchillo. "Lo que está en discusión es si el autor material de las puñaladas fue Hugo Villarruel o su hijo", sintetizó. Sin embargo, consideró que esa discusión no modifica sustancialmente la responsabilidad penal que podría caberle al imputado en esta etapa del proceso.
Bumaguin explicó que toda la evidencia reunida hasta el momento demuestra que padre e hijo actuaron conjuntamente antes, durante y después del ataque. Recordó que ambos interceptaron a Lucas S. cuando abandonaba la escuela, que continuaron la persecución cuando intentó refugiarse dentro del edificio y que permanecieron actuando en conjunto durante toda la agresión. Incluso sostuvo que, aun aceptando hipotéticamente la versión planteada por la defensa —es decir, que quien utilizó el cuchillo hubiera sido el adolescente— ello no excluiría la responsabilidad penal del adulto. Por el contrario, entendió que sujetar a una persona mientras otra la apuñala constituye una conducta de idéntica gravedad desde el punto de vista jurídico.
El juez fue incluso más allá de la teoría presentada por la Fiscalía y señaló que existen posiciones doctrinarias que permitirían considerar a ambos como coautores del intento de homicidio y no solamente a uno como autor y al otro como partícipe necesario. No obstante, aclaró que esa discusión deberá resolverse más adelante y que, en cualquier caso, la pena prevista resulta equivalente.
También valoró las entrevistas incorporadas a la investigación, en las que distintos testigos describieron la vestimenta de los agresores y la secuencia general del ataque. A ello sumó las primeras manifestaciones realizadas por el propio Lucas S. a su madre y al personal investigador cuando todavía permanecía internado. Todo ese conjunto de elementos, sostuvo, otorga suficiente respaldo a la atribución formulada por el Ministerio Público de la Acusación.
Hubo claramente un intención de matar
Otro de los puntos centrales abordados por Bumaguin fue el planteo defensivo según el cual no podía tenerse por acreditado el dolo homicida, es decir, la intención de matar. El magistrado rechazó ese argumento. Explicó que la intención de matar no surge únicamente de determinar quién sostuvo el cuchillo, sino del contexto completo en el que se desarrolló el episodio. Recordó que hubo una persecución iniciada en la vía pública y continuada dentro de un establecimiento educativo. Que la víctima fue inmovilizada mientras recibía reiteradas puñaladas. Que las lesiones fueron dirigidas hacia zonas vitales del cuerpo. Y que, aun después de los ataques con arma blanca, ambos continuaron golpeándola mediante puños y patadas. Para Bumaguin, esa secuencia demuestra claramente una voluntad dirigida a causar la muerte de Estefano. La utilización reiterada de un arma blanca sobre el tórax, la persistencia del ataque y la localización de las heridas constituyen, a su criterio, indicadores suficientes de la intención homicida exigida por el tipo penal.
Otro de los aspectos más relevantes de la resolución fue que el juez no compartió completamente la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía. Si bien mantuvo la imputación por tentativa de homicidio, entendió que no correspondía aplicar, al menos en esta etapa, la agravante prevista por la intervención de un menor de edad. Explicó que existe jurisprudencia del Colegio de Jueces que exige demostrar un aprovechamiento específico de la minoridad del adolescente para trasladarle responsabilidad penal o facilitar la ejecución del delito. En este caso, sostuvo, no aparecen elementos que permitan afirmar que Hugo Villarruel utilizó deliberadamente a su hijo con ese propósito. Por ello resolvió apartarse parcialmente de la calificación fiscal en ese punto, aunque aclaró que esa circunstancia no modifica la gravedad de la imputación ni la expectativa de pena.
La mayoría de testigos son mujeres que trabajan en la escuela
Luego de analizar la probable autoría, Bumaguin pasó a estudiar si existían riesgos que justificaran la prisión preventiva. Allí coincidió plenamente con la postura del Ministerio Público. Recordó que el delito investigado fue cometido con violencia extrema, mediante la utilización de un arma blanca y con un resultado que puso en serio riesgo la vida de la víctima. Además destacó que la expectativa de pena supera ampliamente el mínimo previsto para una eventual condena de cumplimiento efectivo, con una pena que arranca en los 4 años y supera los 22. El magistrado también tuvo especialmente en cuenta que Villarruel había obtenido recientemente medidas alternativas en otra causa penal. Según indicó, incluso existían constancias de incumplimientos a esas reglas de conducta, circunstancia que debilitaba la posibilidad de confiar nuevamente en medidas menos gravosas.
Otro elemento valorado por el juez fue la existencia de distintas referencias respecto del domicilio del imputado. Mientras la defensa aseguró que residía sobre calle David Mazzi, la Fiscalía sostuvo que había sido localizado en otra vivienda. Para Bumaguin, esa diferencia nunca fue explicada de manera convincente y constituye un indicio adicional sobre el riesgo de fuga.Finalmente, el juez consideró acreditado el peligro de entorpecimiento probatorio.
Recordó que la investigación depende en gran medida del testimonio de la víctima y de los testigos presenciales (en su mayoría mujeres que trabajan en la escuela), quienes deberán declarar nuevamente cuando la causa llegue a juicio. En ese contexto, entendió indispensable evitar cualquier posibilidad de condicionamiento. Además recordó que Villarruel registra antecedentes recientes por hechos vinculados con amenazas calificadas mediante la utilización de arma blanca. Si anteriormente —razonó— habría recurrido a ese tipo de conductas por conflictos de menor entidad, el riesgo resulta aún mayor cuando enfrenta una causa cuya consecuencia puede ser una larga condena de prisión efectiva. Por ese motivo concluyó que las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales existentes.
Padre e hijo seguirán en la cárcel
Con esos fundamentos, el juez Gustavo Bumaguin resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo para Hugo David Villarruel, al considerar acreditados, en esta etapa inicial de la investigación, tanto la probabilidad de autoría como los riesgos procesales invocados por la Fiscalía.
La situación de su hijo, V.A.D., de 17 años, fue analizada por separado en el marco del sistema penal juvenil. Un día antes, el viernes 26 de junio, se había desarrollado la audiencia cautelar ante la jueza Laura Lencina, con la intervención de la fiscal Carina Gerbaudo y la defensora Victoria Romano. Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió también imponer la prisión preventiva del adolescente y dispuso su alojamiento en el Hogar Juvenil de Las Flores, donde permanecerá mientras avanza la investigación.
De esta manera, padre e hijo continuarán privados de la libertad mientras el Ministerio Público de la Acusación profundiza la pesquisa sobre un hecho que la Justicia investiga como una tentativa de homicidio y que, por el nivel de violencia desplegado y por haber ocurrido dentro de la Escuela N° 1136 "Paul Harris", en presencia de alumnos, docentes y familias, se convirtió en uno de los episodios de mayor impacto registrados en Rafaela en los últimos años.
