Exclusivo – Rafaela Noticias, único medio en tribunales - En la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales de la ciudad de Rafaela, en el marco del juicio contra Juan Alberto Pérez, conocido como “Gordo P”. El debate es presidido por el juez Nicolás Stegmayer.
El imputado es un conocido reiterante, que durante los últimos años fue vinculado a distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad. En 2025, protagonizó varios episodios que quedaron registrados por cámaras de seguridad de comercios.
La defensa está a cargo de la doctora Amalia Cassina, mientras que Juan Manuel Puig interviene como fiscal en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que solicitó una pena de 9 años de prisión.
Durante el alegato de apertura, el fiscal sostuvo que el acusado llega a juicio por una serie de hechos ocurridos entre 2021 y 2025, que fueron reunidos en dos acusaciones diferentes. Por estos episodios, la Fiscalía solicitó una pena de 9 años de prisión.
Uno de los hechos más graves que se le atribuyen ocurrió el 28 de enero de 2023. Según la acusación, el imputado habría utilizado un cuchillo para amenazar y agredir a una persona a la que previamente le había sustraído dinero y una mochila. En ese contexto, también se le atribuye un abuso sexual y amenazas para evitar que la víctima solicitara ayuda. Tras el episodio, la Policía intervino y detuvo al acusado, quien habría opuesto resistencia.
En el marco de ese mismo procedimiento, se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado. Allí se secuestró el arma que, según la Fiscalía, habría sido utilizada durante el hecho, además de documentación perteneciente a terceras personas. Para la acusación, esos elementos permitirían sostener también un delito de encubrimiento.
Cuatro días antes, el 24 de enero de 2023, el acusado había sido detenido en flagrancia cuando, de acuerdo con la Fiscalía, trasladaba una garrafa y otros elementos que habían sido sustraídos de una vivienda. El ingreso al inmueble no habría llegado a completarse debido a la intervención policial.
La acusación también incorporó un episodio ocurrido en 2021, cuando el imputado habría intentado sustraer elementos del interior de una motocicleta estacionada en la vía pública. El hecho tampoco llegó a consumarse debido a que fue advertido por personal de seguridad y posteriormente intervenido por la Policía.
Según expuso el fiscal, luego de permanecer en prisión preventiva hasta noviembre de 2024, el acusado volvió a estar involucrado en nuevos hechos durante 2025. El 8 de septiembre de 2025, habría protagonizado un episodio en un comercio y posteriormente se habría resistido violentamente a la intervención de dos agentes policiales, provocando lesiones en una de ellas.
La Fiscalía también le atribuye intentos de sustracción de mercadería en distintos comercios durante julio, agosto y septiembre de 2025. Entre ellos se mencionaron episodios ocurridos en un local comercial de calle Bolívar, en otro ubicado sobre avenida Santa Fe y en un almacén. En algunos casos, los hechos habrían sido registrados por cámaras de seguridad y, según la acusación, fueron frustrados por intervenciones policiales.
Con todos estos elementos, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo que los hechos configuran distintos delitos, entre ellos robos, hurtos en grado de tentativa, abuso sexual simple, coacciones, resistencia a la autoridad y encubrimiento. La Fiscalía consideró además la reiteración de los episodios y los antecedentes del acusado al momento de solicitar una pena de 9 años de prisión efectiva y que continúe detenido.
Por su parte, la defensa cuestionó la acusación y sostuvo que la Fiscalía no podrá acreditar jurídicamente las calificaciones penales planteadas. En ese sentido, planteó que durante el juicio se analizarán los hechos concretos y no la personalidad, los antecedentes o los problemas de adicción del acusado.
Finalmente, la defensa solicitó la absolución del imputado o, subsidiariamente, que se le imponga una pena menor a la pretendida por la Fiscalía.
