En la jornada de este viernes se llevó a cabo una audiencia clave en los tribunales locales para determinar la situación procesal de Santiago Sueldo (23), el único imputado por la muerte de Andrés Acosta (34), ocurrida el pasado domingo 12 de mayo en el barrio 2 de Abril. En esta oportunidad, el acto estuvo presidido por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Dr. Gustavo Bumaguín, en reemplazo del Dr. Javier Botero.
La postura de la Fiscalía: dolo y riesgo procesal
El fiscal de la Unidad de Homicidios, Dr. Martín Castellano, solicitó formalmente la prisión preventiva sin plazos para Sueldo, argumentando que tanto la materialidad del hecho como la autoría se encuentran plenamente acreditadas. Para el representante del MPA, la libertad de Sueldo implicaría la existencia de riesgos procesales (tales como el peligro de fuga y el de entorpecimiento probatorio) que no pueden mitigarse con las medidas alternativas al encierro propuestas por la defensa, a cargo de Bruno Rossini.
Castellano aportó nuevos detalles sobre la reconstrucción de la madrugada fatal. Todo comenzó alrededor de las 01:40 horas, con reiterados llamados al sistema de emergencias 911 que alertaban sobre un hombre desvanecido en la intersección de las calles Gandhi y Ramírez. Al arribar el personal policial, los vecinos señalaron directamente a Sueldo como el agresor, advirtiendo incluso que, si la policía no lo detenía, iban a incendiar la vivienda por sus propios medios.
Al ingresar al domicilio, los efectivos secuestraron un cuchillo con manchas de sangre, presunta arma homicida. Al momento de su aprehensión, Sueldo habría manifestado de forma espontánea: “Yo quise defender a mi papá, quisieron entrar a mi casa”, frase que la Fiscalía consideró como un reconocimiento implícito de la autoría, aunque la defensa argumentó que debía desestimarse, aludiendo al derecho de su asistido a no autoincriminarse.
Respecto al móvil, testigos presenciales indicaron que se trató de una discusión por reclamos personales. Uno de ellos mencionó que uno de los motivos de la pelea previa estaba vinculado a una presunta deuda de 3.000 pesos que el imputado mantenía con la víctima.
El fiscal enfatizó que los testigos no vieron a Acosta portando armas o palos, ni intentando ingresar de manera ilegítima a la propiedad, por lo que reafirmó la calificación de homicidio doloso simple (que, de llegar la causa a juicio, podría derivar en una pena de 8 a 25 años) y sostuvo que el acusado actuó con “voluntad y conocimiento” de provocar un desenlace fatal.
La defensa y la hipótesis de la legítima defensa
A su turno, el Dr. Rossini se opuso firmemente a la medida cautelar de máxima gravedad. El letrado argumentó la falta de certezas fácticas en esta etapa inicial y cuestionó la calificación legal elegida por la Fiscalía, asegurando que no se puede descartar que su pupilo haya actuado en legítima defensa.
Según la hipótesis de la defensa, existió una agresión previa por parte de Acosta. Rossini expuso que la víctima ya se había presentado previamente en el domicilio de Sueldo alrededor de las 00:30 horas y regresó luego junto a un grupo de personas para reclamar el dinero, generando una situación de desprotección y amenaza para los moradores de la vivienda. Bajo el principio de que las dudas actuales deben operar a favor del imputado, solicitó alternativas a la prisión preventiva.
La resolución del juez
Al momento de resolver, el juez Gustavo Bumaguín evaluó las posturas de ambas partes. Si bien entendió que, en este estado de la investigación penal, los elementos de la acusación fiscal tienen el peso suficiente para justificar la restricción de la libertad, no descartó de plano la teoría defensiva de un posible exceso en la legítima defensa.
Por tal motivo, el magistrado optó por un camino intermedio y dictó la prisión preventiva para Santiago Sueldo por un plazo de 90 días. El juez consideró que este término es “más que razonable” para que la Fiscalía avance con la producción de pruebas pendientes que terminen de consolidar la acusación con el grado de certeza requerido o, bien, den lugar a la aparición de elementos desincriminantes que avalen la postura de la defensa.
Impacto vecinal
La tensión en el barrio 2 de Abril tras el homicidio obligó a una rápida intervención policial el pasado domingo para evitar represalias contra la propiedad de la familia del imputado, un factor que también sobrevoló los argumentos sobre la necesidad de mantener la detención.
